PSOE e IU pactan 88 medidas y que Aurelio Martín lleve Medio Ambiente y Movilidad en Gijón

Ana González y Aurelio Martín, durante la firma del preacuerdo entre PSOE e IU. / JOAQUÍN PAÑEDA
Ana González y Aurelio Martín, durante la firma del preacuerdo entre PSOE e IU. / JOAQUÍN PAÑEDA

El preacuerdo, pendiente de la ratificación por sus afiliados, incluye un IBI para ricos, un reglamento de laicidad y duplicar las plazas de escuelas de 0 a 3

IVÁN VILLARGIJÓN.

32 días después de la investidura de Ana González como alcaldesa, PSOE e IU cerraron ayer un «preacuerdo de gobierno» con 88 medidas que incluye la entrada del portavoz de IU, Aurelio Martín, como nuevo concejal de Medio Ambiente y Movilidad. «En un tiempo político tan convulso, y en el que a veces se distorsionan las cosas, es de destacar el esfuerzo que hemos hecho ambos partidos y cómo hemos llegado a un acuerdo teniendo siempre en el centro qué es lo mejor para Gijón. Hemos demostrado que es posible un diálogo serio y sin aspavientos», destacó la regidora tras la firma pública del documento en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Martín también consideró que el acuerdo «reivindica la cultura del pacto, de sumar situando los problemas de los ciudadanos como prioridad de la acción política». Ambos se mostraron abiertos a hablar ahora con Podemos, pero siempre sobre la base de un texto que ayer también rubricaron el secretario general del PSOE de Gijón, Iván Fernández Ardura, y el coordinador local de IU, Faustino Sabio.

Queda ahora que el acuerdo sea ratificado por la militancia de ambos partidos. Los dos han fijado la consulta a sus bases para el mismo día, el próximo viernes, si bien la fórmula será diferente. El PSOE recurrirá a una asamblea con posterior votación, mientras que IU ha optado por un referéndum que se prolongará a lo largo de toda la jornada y en el que tendrán derecho a voto tanto militantes como simpatizantes. La intención es tener los resultados de ambos al mismo tiempo, en torno a las ocho de la tarde. Si el documento recibe el visto bueno, «la incorporación de Aurelio Martín a la junta de gobierno será muy rápida», apuntó la alcaldesa.

Como concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín tendrá como competencias las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la vigilancia y disciplina relativas a las emisiones a la atmósfera y las aguas y la elaboración de un nuevo Plan de Gestión de Residuos (uno de los 88 puntos comprometidos en el acuerdo). También tendrá responsabilidad sobre el Jardín Botánico Atlántico (pendiente aún de la figura que se decida para su gestión una vez se proceda a la disolución de Divertia), el nuevo Consejo del Litoral de Gijón (órgano que sustituirá al Observatorio de la playa de San Lorenzo) y el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

En lo que respecta a la Movilidad, llevará las materias relacionadas con el control, planificación, proyectos y estudios de tráfico, los servicios de grúa y ORA y las cuestiones que atañen a taxis, servicios de carga y descarga, transporte en bicicleta y transporte compartido. Ostentará la presidencia de la Empresa Mixta de Tráfico (ORA) y del Centro de Transportes y la vicepresidencia de (Emtusa), empresa que seguirá presidiendo José Luis Fernández. Estará también a cargo de la aprobación y desarrollo del Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura y de la relación con el Foro de la Movilidad, cuyo presidente, Manuel Cañete, destacaba ayer la «buena sintonía» que mantuvieron con IU en lo que respecta al papel del foro en la definición del modelo de movilidad de la ciudad.

Las nuevas delegaciones a favor de Aurelio Martín obligarán a reconfigurar otras concejalías. José Luis Fernández perderá las competencias relativas a Movilidad, quedando como responsable de Desarrollo Urbanístico, Policía Local y Bomberos. Carmen Saras -quien ayer por la mañana aún mantenía una última reunión con Clara González-Pedraz antes de que hoy se haga efectiva su destitución como Directora del Área de Sostenibilidad y Cambio Climático- perderá las delegaciones que tenía, relativas a Medio Ambiente, y pasará a reforzar las cuestiones relacionadas con la participación y la relación con las entidades sociales, y en particular con la elaboración de un plan de barrios que permita priorizar actuaciones en los distritos de acuerdo con las asociaciones.

Once apartados

Los 88 puntos del preacuerdo de gobierno aprobado por las comisiones negociadoras de PSOE e IU se dividen en once apartados. En el de Educación se incluyen medidas como la ampliación de la oferta de plazas en las escuelas de 0 a 3 años hasta «duplicar las existentes», la revisión del mapa escolar «para detectar nuevas necesidades educativas», extender el servicio de comedor a los institutos «en colaboración con el Principado» y ampliar las becas comedor con nuevos servicios como el de merienda. El apartado de Memoria Histórica comprende la recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla y su apertura como Aula de la Memoria, un programa «sistemático» de investigación, difusión y reconocimiento «de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista» y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica «como pieza fundamental del proyecto de ciudad».

El apartado de Economía, Hacienda y Empleo, el más extenso, habla de «avanzar hacia una fiscalidad progresiva» y de la implantación de un «IBI diferenciado» que supondría un mayor gravamen a las para las propiedades de uso no residencial cuyo valor catastral supere el millón de euros. También del «fomento del consumo de productos del campo gijonés en establecimientos públicos con comedor», una tramitación más eficaz de las subvenciones, un nuevo Plan de Comercio Local y el fomento de un turismo «desestacionalizado y de calidad». Además, «apoyo al desarrollo de la ZALIA» y «exigencia del desarrollo de nuevos accesos a El Musel». Y para Urbanismo y Movilidad los partidos han acordado estudiar la elaboración de un censo de viviendas vacías, la puesta en marcha de medidas encaminadas a la regeneración y rehabilitación del casco urbano y que el Ayuntamiento «lidere el plan de vías.

Otras medidas incluidas en el documento son la revisión del catálogo de prestaciones sociales «para adecuarlo a las nuevas necesidades, ampliando servicios existentes o desarrollando otros nuevos», el abaratamiento de tarifas en el transporte público, la elaboración de una estrategia para erradicar la violencia en el deporte, la reserva del 0,7% del presupuesto municipal para ayudas a la Cooperación, la exigencia del estricto cumplimiento de las autorizaciones ambientales de las empresas contaminantes, la promoción de la llingua asturiana en la vida política, económica, social y cultural. También se mencionan la elaboración de un Reglamento de Laicidad Municipal y el diseño de instrumentos de participación como las consultas ciudadanas directas.