Roqueñí promete «colaboración con la Justicia» por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

«Mi compromiso como presidenta, tanto de la empresa estatal EBHI como de la Autoridad Portuaria de Gijón, es actuar con rigor y transparencia, aportando luz a un suceso que no debería haber ocurrido, y mantener en todo momento informado tanto al consejo de administración del puerto como al de la sociedad EBHISA de las actuaciones que se derivan del conocimiento de estos hechos», señaló Roqueñi, quien no obstante eludió dar más detalles públicos sobre el estado de la cuestión. «Se trata de un proceso abierto y que corresponde instruir a la Justicia, con la que estamos colaborando en todo lo que precise», añadió.

Como avanzó este diario, la investigación encargada en su momento al gerente de la EBHI, Gonzalo Mallo, ha permitido aflorar presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente a partir de las cuales se han empezado a tomar las primeras decisiones en firme. Una de ellas, remitir a la Fiscalía de Asturias un informe detallando supuestos indicios delictivos. Se actúa así en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que en su artículo 262 fija que «los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante». No acatar este principio expone al sujeto a la correspondiente multa disciplinaria.

Medidas disciplinarias

Con la documentación ya en sus manos, la Fiscalía debe valorar si incoa diligencias de investigación propias o deriva el asunto al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído el intento de Telf por mantener abierta la investigación penal de este caso. En paralelo se trabaja en medidas disciplinarias en el ámbito laboral y para las que se tiene el punto de mira en al menos dos de los directivos portuarios en el momento de los hechos, que siguen vinculados laboralmente al Puerto.

Durante la presidencia de Laureano Lourido, la gestión que hizo la Autoridad Portuaria de este asunto consistió en obstruir el acceso de Telf a la terminal para aclarar si estaba o no el material, y asumir la defensa jurídica de los ahora investigados.