El Reino Unido se convierte en una olla a presión: 3.000 protestas contra los hoteles para inmigrantes en un verano

Según cifras oficiales, 32.059 personas en espera de asilo viven en hoteles mientras otros 74.000 residen en pisos de alquiler financiados por las arcas públicas. El coste de todos esos arrendamientos supondrá unos 17.000 millones en una década, lo que ha llevado al Ejecutivo británico a buscar medidas sustitutorias y eminentemente más baratas de alojamiento.

Pero más allá del dinero, al Número 10 de Downing Street lo que le inquieta es la movilización en contra de los albergues, que ha puesto a la Policía en jaque y sembrado un creciente descontento ciudadano por la tensión en las calles. De hecho, bastantes de los 400 hoteles que dan techo a los candidatos a refugiados han sufrido protestas, especialmente en Londres y el área de Manchester, lo que ha ocasionado a su vez las quejas de los vecindarios ante la Policía. Cientos de propietarios se han negado a vender terrenos al Gobierno para crear módulos residenciales y decenas de ayuntamientos han rechazado recibir comunidades de extranjeros.

Las protestas han ido en aumento gracias a los mensajes populistas de la derecha extrema y organizaciones ultras como 'Britain First'. un remedo de la trumpista 'América primero', así como por una activa acción en redes sociales, donde se difunden las ideas de que los migrantes son los causantes de la delincuencia y que viven en residencias «de lujo» a costa del ciudadano. Estos grupos beben del descontento de la población afectada por un elevado coste de la vida y el aumento de los delitos y robos menores en el país.

Solo entre el 1 de junio y finales de agosto se han registrado 3.081 manifestaciones, que en algunos casos derivaron en estallidos de violencia e intentos de asalto a los establecimientos. Este pasado fin de semana se desarrollaron otras treinta. De una manera ya habitual se recurre a los agentes de barrio para controlar a los manifestantes y los diferentes cuerpos de Policía se intercambian efectivos, de modo que ciudades y poblaciones que registran menos movilizaciones ceden recursos a aquellas donde se han programado más protestas.

En localidades como Epping, donde tienen lugar marchas cotidianas desde julio contra un hotel por albergar a solicitantes de asilo, son cientos los agentes que deben intervenir en cada ocasión, ya que a la beligerancia de estos grupos anti-inmigrantes se une la presencia de colectivos contrarios, pro-inmigrantes, creando fuertes disputas. El Ministerio de Interior ha creado además una brigada de élite para combatir en las redes sociales los mensajes de odio y las llamadas a concentraciones ilegales.

Gavin Stephens, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía, ha subrayado en la BBCque las fuerzas de seguridad del país viven una «presión crónica» y ha solicitado a los líderes políticos que se esfuercen en «reducir y disipar la tensión y no sembrar división».

El secretario de Defensa, John Healey, admitió este domingo en Sky News que el gabinete considera «el posible uso de instalaciones militares y no militares para el alojamiento temporal de las personas que llegan en estas pequeñas embarcaciones», en alusión a los grupos de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en balsas neumáticas. Healey ha añadido que todas ellas permanecerían en estos refugios provisiones mientras las autoridades deciden «si deben quedarse o si las deportamos, como lo hemos hecho en cifras récord durante el último año».

En la actualidad, ya existen dos antiguas bases militares, MDP Wethersfield y Napier Barracks, que se utilizan como albergue de peticionarios de asilo. El Gobierno de Starmer las heredó del mandato de Rishi Sunak como un regalo envenenado. Blanco de diferentes asociaciones civiles que las compararon con cárceles, este tipo de alojamientos nunca gustaron a los laboristas, que incluso en 2023 manifestaron que representaban el «fracaso de las políticas» de Sunak, en palabras de Yvette Cooper, destacada dirigente laborista que este pasado viernes fue despojada de su cargo de ministra del Interior durante la radical reforma del Gobierno ejecutada por Starmer tras la caída de su vice primer ministra. Rachel Reeves, por un escándalo fiscal.

El giro de Yvette Cooper es un buen ejemplo de cómo el nuevo Gobierno ha cambiado radicalmente sus posiciones. Tras llegar al departamento de Interior, Cooper clausuró el 'Bibby Stockholm', el barco de la vergüenza anclado en un puerto de Dorset donde el anterior gabinete conservador confinó a 500 inmigrantes. La ministra también se propuso trasladar a los solicitantes alojados en hoteles y en antiguos cuartales a apartamentos y casas alquilados por el Ejecutivo. Sin embargo, el plan se frustró ante la oposición de numerosos ayuntamientos y comunidades vecinales.

Tan solo un año después, Cooper estaba dispuesta a anunciar en breve que no solo seguirán abiertas las bases de MDP Wethersfield y Napier Barracks, en Folkestone y Essex, sino que incluso está previsto aumentar el número de edificios en desuso del Ministerio de Defensa que sirvan para alojar inmigrantes ilegales. Ahora, este anuncio le corresponderá a su sucesora, Shabana Mahmood, a quien Starmer ha dado licencia para intensificar la lucha contra las organizaciones de tráfico de personas en el Canal, según 'The Telegraph'. La nueva titular fue la primera mujer musulmana que anteriormente ocupó la Secretaria de Estado de Justicia britanica y la primera que ha jurado el cargo sobre el Corán. También prepara un convenio con Alemania parecido al suscrito hace semanas con Francia, que permitiría devolver a territorio germano a los clandestinos que llegan desde allí a las costas británicas a cambio de foráneos con su situación legalizada.

El Ejecutivo laborista ha tenido que tragarse sus propias críticas de cuando estaba en la oposición para ytayar de controlar una escalada de las pateras que cruzan de Francia al Reino Unido. Solo este sábado, primer día en ejercicio de Mahmood al frente de Interior, desembarcaron en suelo británico más de mil migrantes ilegales. Todo ello ha servido al populista Nigel Farage –y en menor medida a los conservadores– para que su partido, Reform UK, haya ascendido hasta convertirse en el rival inmediato del Partido Laborista.

Es posible asegurar que el pistoletazo de salida de la nueva política migratoria de Starmer se produjo el pasado 12 de mayo cuando el laborismo perdió ante el ultra Farage en unas elecciones locales. Desde entonces, incluso una importante masa de dirigentes laboristas exige a su primer ministro una mano más dura en sus políticas de regulación migratoria.

A todas las izquierdas europeas la posición sobre la inmigración les resulta compleja y costosa, con importantes divisiones internas. Algunos países lo han resuelto como en el caso de la pionera Dinamarca argumentado que no se trata de criminalizar a los inmigrantes sino de proteger el Estado de Bienestar, conservar la unión social y prevenir el colapso de los servicios públicos. Starmer parece ir ahora por ese mismo camino.

De hecho, su remodelación gubernamental de este fin de semana ha hecho tabla rasa del anterior Ministerio de Interior y lo ha reemplazado por un perfil más severo. Entre los nuevos cargos figura Mike Tapp, diputado por Dover y ascendido a ministro subalterno del departamento. Se trata de un antiguo militar condecotado en Irak y Afganistán, opuesto al reconocimiento del Estado Palestino mientras Hamás no desaparezca y mantenga rehenes israelíes y látigo político de Farage. Como diputado en Dover ha conocido en profundidad el drama de las pateras y la dimensión social de la migración ilegal.

El plan explora qué otros antiguos cuárteles pueden ser empleados como albergues. De momento, hay dos instalaciones en estudio mientras el Ejecutivo tiene previsto ampliar la capacidad de la base de RAF Wethersfield y renovar la documentación de la de Napier, que debía cerras este mes.

La apuesta de Starmer contra Farage es dura. El líder de Reform UK le ha puesto el listón muy alto tras anunciar a la derecha más conservadora del país y los disconformes con la migración que él está dispuesto a deportar a 600.000 inmigrantes en cinco años, y crear centros temporales de detención mediante barracones prefabricados en los lugares más escondidos de las islas. El problema es que este tipo de promesas calan cada vez más en un sector de la población; tanto, que los propios laboristas han llamado a su primer ministro a ponerse las pilas y hacer ver cuanto antes a los británicos que su lucha contra el tránsito de pateras en el Canal de la Mancha ofrece resultados.