El juez ordena a la UCO que investigue los mails de Begoña Gómez por los que quiere enviarla al jurado

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las decenas de mails que ha aportado a la causa el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid UCM), Juan Carlo Doadrio. Este alto cargo de la Complutense aseguró en su momento en sede judicial haberse cruzado un centenar de correos electrónicos con Gómez y con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, quien supuestamente trabajaba para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez, aunque cobraba (y cobra) un sueldo público como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno.

Peinado, en una resolución emitida este jueves a la que ha tenido acceso este periódico, ordena a los funcionarios del instituto armado que hagan un «análisis» de toda esa correspondencia para que elaboren el «correspondiente informe», después de «eliminarse» los correos que «tengan contenido personal».

Esos mails de Doadrio, según explicó el miércoles el propio magistrado, han sido uno de los elementos de peso que le hicieron tomar la decisión de dictar el auto «transformación del procedimiento al tribunal del jurado», al considerar que tienen elementos suficientes para sentar en el banquillo a Gómez por malversación por haber usado supuestamente a Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid.

En esa resolución del pasado miércoles, Peinado anunció su determinación de que la esposa del presidente del Gobierno se siente en el banquillo para ser enjuiciada por los ciudadanos y que lo haga acompañada de la propia Cristina Álvarez y del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. Martín en su declaración como imputado el pasado mayo se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora al poco de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Según fuentes del procedimiento, los nuevos correos aportados por Doadrio abundarían en el contenido de los mails que ya estaban en la causa y que presuntamente evidencian que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de 2024, a esta contratada de Moncloa para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria, cuya dirección obtuvo en octubre de 2020 a pesar de no ser licenciada universitaria. Incluso, que Álvarez era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras con este programa docente o que fue la responsable directa de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid (IFEMA) por encargo de la mujer de Sánchez.

La situación de Álvarez se volvió más delicada aún el pasado 25 de noviembre cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó a la causa varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software. Pero esos correos los que realmente constataron que fue la alto cargo de Moncloa la que se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra de la mujer del expresidente, que este viernes, no obstante, negó.

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