El negocio fiscal de la economía colaborativa

La entrada de grandes multinacionales ha dibujado una línea cada vez más ostensible entre unas y otras. Basta leer sus cuentas anuales en España para darse cuenta; en concreto de 2013 a 2016 (las últimas en el registro mercantil), es decir, el período que aún podría ser revisado por las autoridades tributarias –el plazo de prescripción es de cuatro años, pero su computo varía–.

Como resumen, las seis plataformas principales (Deliveroo y Glovo en el reparto de comida a domicilio, HomeAway y Airbnb en los apartamentos turísticos, junto a Uber y Cabify en el transporte de viajeros) estuvieron cerca de duplicar sus ingresos en el último año registrado pero sus pérdidas netas casi se multiplicaron por cuatro. Eso sí, les salvó su balance fiscal al triplicar con creces la devolución de impuestos solicitada a la Agencia Tributaria.

En una pyme ese crecimiento mayúsculo de los números rojos la abocaría a la ruina, salvo que tuviera una buena financiación externa. Es justo lo que comparten estas compañías: pertenecer a conglomerados más grandes que operan en todo el mundo a imagen de Facebook, Apple, Amazon, Microsoft o Google.

La diferencia es que mientras estos gigantes de internet han triplicado los pagos por el impuesto de sociedades en España (26,9 millones de euros en 2016), aunque todavía es una cantidad baja conforme al negocio que mueven, los líderes de la economía colaborativa hacen todo lo contrario. Claro que a las primeras Hacienda les revisó la contabilidad a conciencia, mientras que con las segundas ahora está en ello.

En concreto, Glovo, Uber y Cabify reconocen en sus cuentas anuales de 2016 que tenían «abiertos a inspección fiscal todos los impuestos» a los que están sujetas «desde su constitución». Veían, no obstante, «remota la posibilidad de que se materialicen salidas de recursos adicionales de importe significativo» como consecuencia de esa revisión.

En el organismo fiscal no piensan igual, según el argumento de su inspección. Los casos más llamativos son Glovo y Cabify. La primera no ha pagado impuestos empresariales desde 2014, pues la declaración le ha salido a devolver siempre. Primero 141 euros, luego 184.409 en 2015 y ya en 2016 hasta 1,06 millones. Es más, afirma que aún tiene por compensar 4,97 millones «en futuros ejercicios». En la segunda pasa igual, aunque es más oneroso para las arcas públicas: pidió 622.175 euros a Hacienda en 2014, 448.964 en 2015 y 1,52 millones en 2016.

En total, las seis grandes de la economía colaborativa han tributado en España 602.048 euros desde 2013, 6,4 veces menos que los 3,88 millones solicitados como devolución fiscal. Es más, en 2016 solo pagaron 55.211 euros –únicamente lo hizo Airbnb, mientras que de HomeAway no hay cifras–, un 333% menos que el ejercicio anterior, frente a los 2,63 millones reclamados a la Agencia Tributaria, un 315% más.

Más allá de inspeccionar sus balances anuales, Hacienda ha lanzado una ofensiva general para controlar en lo posible el negocio que se mueve desde el ámbito digital. De un lado la situación fiscal de los 'freelance', los autónomos que trabajan para esas plataformas pero, según los sindicatos, actúan como un asalariado más aunque el contrato no lo especifique. Por otro, el arrendamiento vacacional pues las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico deberán empezar a facilitar información trimestral a la Agencia antes del 31 de octubre.

En el comercio electrónico las webs de Amazon, Aliexpress, Wallapop y otras parecidas serán controladas para verificar que las rentas generadas se tributan «de forma adecuada». Lo mismo en monederos electrónicos y sistemas de transferencias instantáneas, como Bizum.

«Tributarán por las actividades y beneficios que reciben en España», ha advertido el presidente Mariano Rajoy. Porque facturar aquí lo hacen y no poco. En 2016 (no hay datos oficiales de HomeAway) las grandes plataformas ingresaron 27,35 millones, casi el triple que el ejercicio anterior (un 187% más). La más exitosa fue Cabify con 17,90 millones –en 2015 HomeAway tuvo unas ventas de 16 millones–, tres veces más que el año precedente. La más modesta, Glovo, con 1,24 millones.

La parte más llamativa son sus resultados netos negativos. Solo una escapó de las pérdidas en 2016 –fue Airbnb y declaró haber ganado solo 55.211 euros– pues, en conjunto sus números rojos llegaron a 13,46 millones, 4,7 veces más que el año anterior (393,7% de diferencia). Deliveroo se dejó 5,6 millones –gastó 3,3 millones en publicidad, 1,8 veces más que en personal–, Glovo otros 4,5 millones –1,6 millones en anuncios y dos millones en «servicios de profesionales independientes»– y Cabify 3,5 millones –empleó 5,6 millones en «servicios exteriores» que no detalla en su balance–.

¿Existe realmente un acoso regulatorio contra las grandes plataformas de la economía digital o, por el contrario, éstas han abusado de lagunas legales para hacer competencia desleal a los operadores tradicionales de varios mercados? La respuesta no es fácil ni rotunda. De hecho, a la vista de las decisiones que han ido tomando distintos juzgados de diferentes partes del país en los conflictos entre unas y otros da la impresión de que todos tienen su parte de razón, y ninguno toda ella.

Por eso hay gran expectación en torno a la decisión que adopte el Tribunal Supremo en el conflicto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene con el Ministerio de Fomento por su legislación sobre las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). La vista para estudiar los argumentos de ambas partes –el organismo que preside José María Marín Quemada va aquí de la mano de los 'gigantes' Uber y Cabify– se celebrará el 17 de abril, aunque la sentencia probablemente se demore hasta finales de ese mes.

Este contencioso se remonta dos años atrás, cuando la CNMC recurrió la modificación del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que Fomento aprobó en noviembre de 2015, fijando un ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Pero en la práctica ese limite se superó hace tiempo por el vacío legal desde 2013 hasta la nueva normativa, al frenar la Administración los permisos de manera preventiva ante una posible burbuja.

Ahora se estima que las autorizaciones VTC rondan las 6.000, de manera que en promedio habría ya una por cada diez taxis aunque la ratio varía por provincias (la mayor concentración se da en Madrid y Barcelona). El problema es que hay paralizadas en recursos judiciales otras 10.000 y, si el Supremo sigue su criterio anterior, terminará dándolas.

La ley también impide a esos vehículos captar clientes en la calle –solo pueden vía internet– y les obliga a prestar el 80% de sus servicios en la comunidad que les concedió la licencia, a imagen de lo que ya pasa en otros sectores pero en apariencia contradiciendo el criterio gubernamental de defender la unidad de mercado. Las últimas medidas las aprobó Fomento vía decreto el 29 de diciembre y Competencia prevé recurrirlo en marzo ante el alto tribunal.

Pese a las quejas de las asociaciones de taxistas y la patronal de autobuses, como ya hizo Exceltur respecto a los apartamentos turísticos, Marín Quemada sostiene que la economía colaborativa «no se puede ni se debe parar». A su juicio, quienes «deben adaptarse a la entrada de los nuevos competidores» son los operadores tradicionales, y no viceversa. «Si no, se van a ver fuera del mercado», les ha advertido. Incluso ha criticado a Fomento por «limitar la liquidez del mercado secundario de licencias» VTC, esto es, parece no ver con malos ojos que exista una reventa de estos permisos fuera del cauce oficial pese a sus precios ya disparados.