Ciudadano perplejo

En esta ciudad se desvela a través de una exclusiva de este periódico que el propietario del Real Avilés ha decidido, «ahora», que la ciudad deportiva del Real Avilés se vaya a Corvera y, aparte de una reunión 'urgentísima' de los portavoces municipales, no hemos vuelto a saber nada más de forma oficial. Nadie ha dicho una palabra o dado una explicación de lo que ha venido sucediendo, si es que al final ha sucedido algo, que a estas alturas se nos invita a ponerlo todo en duda. Extraoficialmente, me dicen, el proyecto del propietario del club avilesino «no ha existido nunca» en el Ayuntamiento de Avilés, si por un proyecto de esta envergadura se entiende una memoria económica, un planteamiento urbanístico y unos planos a los que aferrarse, a lo que habría que añadir el asunto de los terrenos públicos -cedidos a un privado-, cuyo encaje sería, sino discutible, sí un campo de minas que habría que sortear ante la Administración.

De momento lo único que sabemos es que este asunto no ha merecido ni un minuto de su tiempo a los grupos municipales (PSOE, Podemos-IU, PP, Ciudadanos, Vox y Mixto-salvo una rueda de prensa de la portavoz del PP, ya habitual, para su demagogia acostumbrada de «miraremos todos los expedientes», como si esa no fuera la tarea diaria de un partido de la oposición-; que la alcaldesa y el equipo de gobierno mantienen su silencio, pese al alboroto suscitado, para explicar públicamente lo que afirman en privado; que el propietario del Real Avilés, Diego Baeza, y el alcalde de Corvera, Iván Fernández, iniciaron un 'roadshow' por los medios de comunicación para dejarnos perlas como éstas: «Hace año y medio que inicié las conversaciones sobre este tema con el alcalde de Corvera»; «este alcalde no se está saltando ninguna línea roja»; «este es un proyecto para la comarca de Avilés»; «no se trata de guerras localistas, tenemos que dejar de mirarnos al ombligo». (Declaraciones textuales de ambos en la Cadena Ser).

Ya lo explicarán unos y otros si quieren, aunque todos los protagonistas de esta historia estaría bien que salieran a la calle y escucharan lo que se dice al respecto de ellos medio metro más allá de sus plácidos entornos en los que se sienten tan cómodos.

Más. Las obras de remodelación que se llevan a cabo en la Plaza de los Hermanos Orbón han sido paralizadas por la Consejería de Cultura -Patrimonio- «por no haber pedido permiso para realizarlas», habida cuenta de que se trata de un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En el Ayuntamiento dicen que no se pidió permiso porque eran obras «menores». Si levantar todo el suelo del perímetro de la plaza para sustituirlo por otro diferente es una «obra menor», no sé lo que hacen los ciudadanos pidiendo permiso para pintar la cocina de su casa.

Al margen de la responsabilidad política, que es innegable en éste y en otros casos, uno se pregunta: ¿Para qué están los técnicos? En los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Avilés trabajan siete arquitectos -algunas fuentes me indican que el número es mayor- y resulta que hay dudas sobre lo que es una obra menor en un proyecto de 291.000 euros. Por otro lado, no deja de ser sorprendente el que la interlocución entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y los de Patrimonio no contemplen una llamada de teléfono o el envío de un email antes de tomar una decisión. Algunos han debido sufrir algún tipo de confusión -a los hechos me remito viendo el funcionamiento de las administraciones públicas- y han pensado que la nueva era digital y de las telecomunicaciones consiste en poner ordenadores en cada rincón. Otra cosa ya es usarlos debidamente.

Con el asunto de la corrupción en este país hemos asistido a una serie de retrocesos importantes en el mismo funcionamiento de la Administración a la que nos estamos refiriendo. Los funcionarios hace tiempo que «se lavaron las manos» y su lema es «todo por el libro». De resultas de esa política regresiva y paralizante -las normas están para aplicarlas, pero con sentido común sin necesidad de saltárselas-, nos encontramos con que los proyectos del tipo que sean son adjudicados por regla general a la oferta «más barata». Y así nos luce el pelo. Solo hace falta ver lo que está sucediendo en las obras del parque de El Muelle, calificadas de chapuza hasta por el propio concejal de Obras, que quiero pensar que en un 'lapsus linguae' llegó a asegurar que como la obra se había adjudicado a la empresa que había presentado la oferta más económica, «era de esperar que no estuviera bien rematada». ¿Después de las declaraciones del concejal, y a la vista de la obras, los técnicos tienen algo que decir? ¿Son conscientes de que, aplicando el sentido común a la norma, las adjudicaciones no se pueden dar solo por una cuestión de precios a la baja y que al final esa obra sale mucho más cara de lo que se pensaba? Algunos técnicos, como los políticos, harían bien en salir a la calle y escuchar la opinión que tienen de ellos los profesionales que les padecen, aunque ya sabemos todos que esas cosas les resbalan a los que tienen el puesto y el sueldo, pagados por todos, asegurado. Es la ley del funcionario.

Podría añadir el escándalo de la estación depuradora de Maqua y el concepto que tiene el Gobierno central y el regional de lo que son «obras de emergencia». O la engañifa de la FP para con Avilés. O el último culebrón del Puerto y la arena y la marcha atrás oficial...

La perplejidad nos conduce en este momento a los ciudadanos al desconcierto, a la incertidumbre, a la duda... Sí, estamos cada día más perplejos.