¿Cultura o negocio?
EN POCAS PALABRAS ·
Nadie queda de la familia Selgas para dar su opinión sobre la nebulosa venta del cuadro de Goya al Museo del Prado. Su voluntad, expresada ... en la institución creada en 1991 por decisión de las últimas propietarias del palacio de El Pito, las hermanas Fagalde, quedó testamentada en la fundación a la que encargaron la protección de su patrimonio. Una entidad privada, pero con un patronato en el que el Principado, el Arzobispado, la Universidad y el Ayuntamiento de Cudillero estaban presentes para salvaguardar los dos principales deseos de la familia: que su extraordinaria colección de arte no acabara desperdigada y que Asturias se beneficiara de su valor. Su deseo no solo quedó escrito, también demostrado durante más de un siglo por las acciones de quienes fueron una de las familias más acaudaladas de España. Conscientes del costo de mantener tan extraordinario patrimonio cultural, su fundación recibió un buen número de propiedades con las que sufragar sus fines. Sin embargo, la generosidad de Manuela y Carmen Fagalde parece atrapada por su propia creación. El control de su fundación está en manos de unos patronos privados cuyo vínculo con Asturias va poco más allá de alguna fugaz aparición.
Cierto es que la Fundación Selgas-Fagalde ha recuperado el palacio, restaurado su colección de arte y abierto sus puertas al público. A todo esto la obligaban sus estatutos. Pero su compromiso con Asturias ha sido mayor en los discursos que en los hechos. En la práctica, la gestión ha sido tan privada como la de cualquier fundación sin presencia pública en su patronato. Legal hasta que se demuestre lo contrario, pero demasiado opaca para la representación institucional que la ampara. Durante tres décadas, el papel del Principado no ha ido más allá de limitarse a asentir y elogiar la labor de la fundación, temeroso de sus enojos. La consejera de Cultura ha reconocido sentirse «traicionada» con la venta del 'Aníbal vencedor'. Su cargo en el patronato avaló una operación que se desarrolló ante sus ojos con la excusa de la urgencia y la habilidad de la prestidigitación. Sin embargo, su departamento no ha conseguido siquiera que la fundación le entregue un listado de su patrimonio. Menos aún, una explicación de sus aventuras económicas. La fundación sostiene que solo está obligada a responder ante el Estado y parece satisfecha con que buena parte de las tortas acaben en la cara de la consejera. Difícil lo tiene el Principado cuando después de treinta años aún no está claro si el negocio financió la cultura o fue al revés. Queda ahora por ver si la política aporta algo más que un foco para algunos y una coartada para otros.
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