Dimitir es anticuado
Se trata de un hecho tan excepcional en política que no lo hace nadie. Lo vemos en la ley del 'solo sí es sí', en el fiasco de Feve o en los varapalos judiciales municipales
Llegará el día que la palabra dimisión llevará la anotación 'en desuso' en el diccionario de la Real Academia Española por haberse convertido en un ... arcaísmo propio de otras épocas. Hoy, en lo que respecta a la esfera política, se trata de un término anticuado en este país. Un hecho que solo se produce en circunstancias muy excepcionales. Tan excepcionales que aquí dimitir, lo que se dice dimitir, no lo hace nadie.
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Lo estamos viendo ante las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', que por fin la parte socialista del gobierno ha decidido reformar después de la alarma social generada por la avalancha de reducciones de condena y excarcelaciones de violadores como consecuencia de su aplicación. Una ley destinada a proteger debidamente a las víctimas de la violencia sexual y que, de manera gravísima, está beneficiando a los agresores. En Asturias llevamos ya diecinueve condenados favorecidos por ella. Ante semejante contradicción, hay que tener muchas agallas para que se mantengan en sus cargos las personas que la inspiraron, niegan la supina equivocación y combaten además su corrección.
Otro caso flagrante es el de los trenes de Feve. El escándalo destapado por este periódico tiene todos los ingredientes para que quienes paguen por ello no se queden únicamente en un par de técnicos. Existe una responsabilidad política evidente por negligencia y omisión por parte de los dirigentes ministeriales que, conociendo el asunto hace ya casi dos años, lo ocultaron hasta que viera la luz en EL COMERCIO. Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, que secunda sin remedio al presidente cántabro, vienen exigiendo que rueden más cabezas. Existen razones absolutamente sobradas ante el nivel de la pifia cometida. En la vida política, la pérdida del sentido institucional debilita la salud del sistema democrático. Por lo tanto, si se quiere preservar, a los administradores públicos envueltos en el bochorno ferroviario, si no se marchan de forma voluntaria, alguien debería expulsarlos.
Hay varias maneras de determinar las responsabilidades de los actores de la cosa pública cuando consideran que están por encima del bien o del mal, sin asumir los errores en la conducta o en las acciones. Cuando no lo hacen 'motu proprio', se exponen a que lo hagan los tribunales o, finalmente, el veredicto de la ciudadanía a través de las urnas. Eso es lo que viene ocurriendo en Gijón en estos cuatro años de mandato del tándem Ana González-Aurelio Martín, que están quedando en blanco por las decisiones judiciales sobre las medidas de movilidad y medioambientales.
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El cierre del Muro fue tumbado por no respetar el plan especial. La regeneración del Piles sufrió dos veces el varapalo en los juzgados, primero por incumplir una resolución plenaria y después, por el procedimiento de contratación. La ordenanza que regula la zona azul y la circulación acaba de ser anulada por carecer del informe económico sobre los efectos de la regulación. En todas las sentencias se cuestiona no tanto el fondo, sino más la forma en la que se emprenden las actuaciones. En derecho, la forma es fundamental y preceptiva para solemnizar el fondo. En política, debería serlo.
El edil de IU anunció el recurso ante el Supremo contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la citada ordenanza, a la vez que denunciaba el proceso de judicialización que atraviesa el Ayuntamiento por lo que supone de paralización de la ciudad. Sin embargo, prolongar el contencioso para mantener viva la norma y no corregir el error legal abunda en los efectos perniciosos sobre los ciudadanos y el propio consistorio. A eso también se le puede llamar ofuscación.
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La decisión tiene un coste, como lo han ido teniendo el resto de medidas que no lograron pasar el examen de los jueces. En este caso, el daño tiene una inmediata traducción por el impacto sobre los bolsillos de los gijoneses, a través del gasto generado y las sanciones, y posteriormente en las arcas municipales si se ratifica la anulación. Si imperase la sensatez, la autoridad local tendría que suspender la vigencia de la norma para impedir esos males, sin esperar a que sea la próxima Corporación la que deba solucionar el dislate.
PSOE e IU tienen un problema gordo con los entuertos que va dejando el equipo municipal saliente. En mayo se someterán al examen de la ciudadanía en unas condiciones adversas por el descrédito al que ha llegado el gobierno de coalición. El candidato de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, un joven pegado al concejal, ya avanzó que representa la continuidad. Por el contrario, Luis Manuel Flórez 'Floro', cabeza de cartel socialista, garantizó diálogo y consenso «porque esta ciudad no se puede gobernar a golpe de ocurrencias». El nuevo líder del PSOE tendrá que hacer un sobreesfuerzo para conseguir que el mensaje del cambio sea creíble.
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