Todo socio minoritario (IU en Asturias) se enfrenta en una coalición de gobierno al dilema de mantener la coherencia ideológica o de diluirse en la ... lógica del compromiso continuo. Su utilidad política se mide no solo por su capacidad para proponer, sino por demostrar que su participación en el gobierno produce resultados tangibles.
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Si no ejerce la presión programática –ya sea en negociaciones presupuestarias, diseño legislativo o impulso de reformas estructurales– corre el riesgo de pasar a ser irrelevante y perder su razón de ser dentro del bloque.
En el caso de Izquierda Unida, que en 2023 volvió al gobierno tras años de ausencia, la principal razón de ser de su presencia en el Ejecutivo parecen ser las políticas de vivienda. Por lo pronto, avanzan que han conseguido que en 2026 se vaya a contar con la mayor partida presupuestaria de la historia. También está lo de 'Alquilámoste', los acuerdos (y los enfrentamientos) con ayuntamientos, y su ley estrella con un anteproyecto que se remonta al verano. Pero mientras no haya una aprobación definitiva, y el tiempo apremia, no se podrá hablar de avances significativos.
Tampoco corren mejor suerte las otras dos leyes a cargo del socio minotirario. Es el caso de la Ley de Participación Ciudadana que aun apurando plazos difícilmente irá más allá del Consejo de Gobierno. Otro cantar es la Ley LGTBI, la eterna promesa. Los colectivos empiezan a hartarse de los plazos que IU estira cada vez más, toda vez que trabajaron junto a la Dirección General en la elaboración de un borrador. Dice IU que se someterá a información pública antes del 15 de diciembre aunque no gustan los posibles cambios que empiezan a trascender sobre esta primera versión del texto. Y aquí ya se ve cómo unos y otros, IU y PSOE, empiezan a armar el relato para culparse mutuamente y tensar la cuerda. Y mientras, los derechos, siguen esperando. Por culpa de ambos.
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