Embrollos jurisdiccionales

No me gusta hablar de lo que aún no he podido leer y con el detenimiento que una decisión de tal gravedad se merece, al igual que los votos particulares. Curiosamente, al momento de redactar estas líneas acabo de salir de un tribunal de Trabajos Fin de Grado y escuchado a un estudiante defender un trabajo sobre las infracciones en el estado de alarma. Sobre uno de los dos puntos cruciales, aquí básicamente en lo económico, de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos expertos auguran que el efecto cascada de la decisión conllevará la anulación y devolución de las multas impuestas y ejecutadas y el archivo de las sanciones que se estén tramitando, particularmente, las afectantes al libre derecho de circulación, que se suspendió por una vía considerada ahora inconstitucional por insuficiente. El tríptico del artículo 116 de la Constitución -alarma, excepción y sitio- siempre ha generado dudas sobre sus linderos, porque las epidemias, como dice la Ley Orgánica que desarrolla estas situaciones emergentes, encajan plenamente en la alarma. El tema, el segundo basal de la sentencia, es la limitación de derechos, aunque no sé muy bien cómo ante una catástrofe sanitaria puede actuarse desde el Gobierno sin operar sobre los derechos de los ciudadanos y potenciales contagiados. Y, eso sí creo saberlo, la barrera entre suspensión, limitación y delimitación a veces se aproxima al sexo de los ángeles. Y ahí aparece el confinamiento domiciliario, tan cuestionado, aunque mayoritariamente obedecido. Recuérdese -y un medio nacional lo hace- que en Asturias hubo un centenar de detenciones policiales por quebrantarlo y casi veinte mil propuestas de sanción.

No tengo tan claro el tema de que las sanciones económicas ya ejecutadas deban ser reintegradas. El alumno al que antes aludía, siendo aún un recién egresado, sostenía que la combinación de las previsiones de la legislación sanitaria y otra normativa punitiva sectorial -caso de la seguridad ciudadana- harían defendible el mantenimiento de las multas.

Mi opinión, desarrollada en otros foros, pero que ya he resumido en prensa, es que los cuatro raquíticos artículos de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública no sirven para una calamidad pública como la que llevamos padeciendo desde hace cerca de año y medio. Y así lo reconocería el Consejo de Estado. Sin duda, con una redacción más precisa en determinadas limitaciones y unas claras previsiones sancionadoras, no estaríamos debatiendo sobre la pertinencia del estado de excepción, que a los que ya tenemos una edad nos recuerda tiempos terribles por razones de orden público.

Creo sinceramente, a la espera de una valoración precisa y técnica de la sentencia y su extensión práctica, que ahora es el momento de los tribunales ordinarios. Y no faltarán discrepancias y contradicciones de difícil unificación doctrinal.

En todo caso, creo que como a la mayoría de la ciudadanía me preocupan, una vez más, las banderías y etiquetas de los miembros de las instituciones jurídicas y de fiscalización del más alto nivel. No digo politizar, porque la política no ha de tener un tratamiento peyorativo. Pero algunas decisiones tan ajustadas en votos y la negativa de algunas fuerzas políticas a negociar la renovación de estos órganos constitucionales produce desazón, recelo y hasta alejamiento del Derecho.

Habrá que esperar, como digo, a ver el posible efecto dominó de la decisión. Pero repito lo escrito en los primeros renglones: la trinchera de defensa de la salud y la de detener las acometidas jurisdiccionales, requiere casi de ubicuidad y de fuerzas titánicas. ¿Que todo se pudo hacer mejor ante una situación nueva e imprevisible? Supongo que sí. Pero demonizar y fustigar a quienes, en el Estado o las comunidades autónomas nos han protegido -y siguen haciéndolo con la vacunación- ante este drama, me parece otro drama. Si esto no es una cuestión de Estado, ya me dirán.