Semblanza y memoria de un caudillo fallecido hace 50 años

El sistema político franquista tuvo su base en una dictadura militar de carácter personal, con Franco elegido por sus compañeros para ejercer «todos los poderes del Estado» en nombre del ejército sublevado en 1936. Pero Franco no fue un simple 'primus inter pares' y al Ejército como pilar originario de su poder le sumó otras dos fuentes de legitimidad que apuntalaron su autoridad omnímoda. Ante todo, la Iglesia Católica, que sancionó su esfuerzo bélico como una «Cruzada por Dios y por España» y proporcionó un catolicismo beligerante que habría de ser hasta el final la ideología suprema del régimen. Y casi a la par, la Falange Española Tradicionalista, el partido único configurado por amalgama de todas las fuerzas derechistas, que se convertiría en el instrumento para organizar a sus partidarios, suministrar fieles servidores administrativos y encuadrar a la sociedad civil. El consecuente régimen caudillista erigido sobre esos tres pilares, con el inexcusable apoyo germano-italiano, lograría un triunfo incontestable en la guerra civil. El 'Caudillo de la Victoria' sentaría sobre ese triunfo las bases de la legitimidad de su «magistratura vitalicia y providencial», que sufrió ocasionales cambios de fachada (mayor o menor fascistización, mayor o menor autoritarismo) y se prolongaría durante casi cuarenta años, hasta su propia muerte en noviembre de 1975.

Como mínimo, el Franquismo puede dividirse en dos grandes períodos diferentes cuyo hito divisorio es el año 1959, testigo de la aprobación del Plan de Estabilización propuesto por un nuevo gobierno. En esencia, los cambios derivados de esas medidas socio-económicas supusieron el final de una primera etapa del régimen caracterizada por los efectos políticos y materiales de la guerra civil, con su secuela de represión inmisericorde, hambruna y miseria generalizada, asfixiante autarquía económica y voluntario o forzoso aislamiento internacional (durante la guerra mundial y la primera etapa de la Guerra Fría). Y esas medidas implicaron el arranque de una segunda etapa definida por un rápido desarrollo económico, profundos cambios sociales y demográficos, un incipiente bienestar material de la población y una apertura diplomática y económica hacia el exterior (en el contexto de la Distensión y la expansión económica de los años sesenta). Precisamente estos cambios del desarrollismo generarían las bases para la crisis final del franquismo porque agrandó el gran desfase entre un sistema político autoritario anquilosado en el pasado y una sociedad modernizada y homologable a las sociedades democráticas de nuestro entorno geográfico y cultural. Por decirlo así, la transición política postfranquista fue en gran medida posible por esa previa modernización socio-económica y cultural bien implantada y arraigada entre la ciudadanía española en el año de la muerte de Franco.

Medio siglo después de su muerte, Franco es un fantasma recurrente que opera como recordatorio de esa historia reciente de España que arrancó con una guerra civil generadora de un mínimo de medio millón de víctimas mortales, incluyendo 55.000 represaliados políticos en la zona republicana y 130.000 en la zona franquista, al margen de los muertos en combate o por privaciones diversas. Ese conflicto civil persistió con una dictadura que fue en esencia la institucionalización de una victoria militar absoluta en forma de un régimen dictatorial. Por eso mismo, tanto el franquismo como su origen bélico siguen siendo elementos activos de nuestro presente actual al menos por dos razones. Primero, porque es el tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos, muchos de los cuales siguen vivos y se socializaron durante la segunda etapa desarrollista del régimen. Segundo, porque el legado de dolor y sufrimiento de la guerra perduró todo ese tiempo y sigue en forma de fosas anónimas todavía pendientes de exhumar en su totalidad. Por eso mismo, ese pasado dictatorial sigue siendo referencia frecuente de identificación política e ideológica pese al tiempo transcurrido y se utiliza a menudo como factor de crítica contra el adversario político actual. No es una rareza española porque esa pervivencia de pasados traumáticos y divisivos es natural en sociedades legatarias de fracturas históricas de ese calado. Y basta mirar a nuestro entorno geo-cultural para comprobarlo: Alemania y el Holocausto, Francia y la ocupación, Estados Unidos y la esclavitud, Japón y el militarismo, Italia y el fascismo, Rusia y el estalinismo, los países exsoviéticos y la colaboración, etc. Pero la tarea de la historiografía es, por definición, superar esos condicionantes y ofrecer una lectura interpretativa superadora de la simplificación maniquea y mono-causal propia de los partidismos. Es difícil, pero no imposible.

La guerra civil y el franquismo son un referente divisivo y traumático que aflora ocasionalmente en la vida española. Y no es de extrañar porque ese conflicto que da origen a una larga dictadura escindió por la mitad al país y provocó una hemorragia de sangre de víctimas en ambas partes, como bien sabemos por los estudios históricos. No fueron sólo muertos en combate o por acciones bélicas porque una buena parte de esas víctimas encontraron la muerte mediante operaciones de retaguardia para eliminar al «enemigo interno», ya fuera por el «terror reaccionario» de los militares sublevados o por su contrafigura de «terror revolucionario» de los milicianos republicanos. Esa violencia salvaje, en forma de asesinatos extrajudiciales o con ropaje formal (juicios militares sumarísimos en un lado y juicios populares en el otro), es definitoria de una guerra porque surge de la combinación de odio y miedo que es condición de posibilidad de toda contienda civil, donde los enemigos hablan el mismo idioma, residen en los mismos lugares y pueden ser incluso vecinos, conocidos o familiares. Los familiares de las víctimas de los republicanos tuvieron la fortuna de ver sus cadáveres recuperados, honrados sus lugares de reposo y gratificados sus deudos. Las familias de las otras víctimas tuvieron que sufrir el oprobio de la vergüenza, carecieron de amparo legal para sus deudos y muchas tuvieron que renunciar a recuperar sus cadáveres de las fosas comunes. La democracia española debe compensar esa situación, no para reabrir viejas heridas (volver a echarnos los muertos a la cabeza), sino para cicatrizarlas definitivamente. Al fin y al cabo, guste o no, hubo víctimas y hubo verdugos en ambos bandos y no parece que tratar equitativamente a las víctimas suponga ninguna afrenta para nadie a estas alturas. ¿Acaso enterrar dignamente a los últimos muertos de la guerra no sería la mejor manera de cerrar simbólicamente una página trágica de la historia española? Además, estaríamos cumpliendo dos recomendaciones del Parlamento Europeo, de 2009 y 2019, que piden respeto «para todas las víctimas de los regímenes totalitarios y antidemocráticos en Europa», considerando «irrelevante qué régimen les privó de su libertad o les torturó o asesinó por la razón que fuera», y estableciendo la equiparación de «la memoria de las víctimas», tanto si lo fueron de «las dictaduras comunistas, nazis y de otro tipo».