Violencia machista en España: una realidad que exige respuestas urgentes

Estas cifras no son solo números: representan vidas truncadas, proyectos interrumpidos y derechos vulnerados. Por ello, la erradicación de todas las formas de violencia machista debe ser una prioridad social, política y judicial, con medidas integrales que aborden la prevención, la protección y la sanción efectiva de los agresores.

Si pasamos a ver los datos más en profundidad, nos encontramos con una realidad verdaderamente alarmante. Desde el año 2003, cuando se unificaron los criterios para contabilizar los asesinatos por violencia de género en la pareja o expareja, 1.331 mujeres han sido asesinadas en España, 37 de ellas en lo que va de 2025 (hasta el 18 de noviembre). A esta tragedia se suman 65 menores asesinados (3 en lo que va de año) y 485 menores en situación de orfandad (hasta septiembre de 2025) como consecuencia directa de los asesinatos machistas. La violencia no se limita al ámbito de la pareja. En los feminicidios fuera de esta relación, los datos de 2024 revelan que el 62,5% fueron cometidos por familiares, siendo especialmente preocupante que el mayor porcentaje corresponde a agresores hijos y nietos (37,5%). En cuanto a las denuncias por violencia en la pareja o expareja, la cifra se mantiene estable: 199.093 denuncias en 2024, prácticamente igual que en 2023 (199.166), lo que supone más de 545 denuncias diarias. Este dato refleja la persistencia del problema y la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección.

Por otro lado, los delitos sexuales continúan en aumento. En 2024 se alcanzaron los valores más altos desde 2017, con 3.936 personas adultas condenadas por delitos sexuales. Entre los ilícitos que más crecen destacan los relacionados con la trata de seres humanos, mientras que en menores se incrementan los delitos de prostitución y corrupción de menores. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se denunciaron 14 violaciones al día, lo que equivale a una cada hora y 40 minutos, y 43 agresiones sexuales sin penetración diarias, dos cada hora. Estas cifras siguen una tendencia ascendente: las violaciones aumentaron un 6,7% y las agresiones sexuales un 5,4% respecto a 2023. Además, los ciberdelitos, incluidas las agresiones sexuales, crecieron un 15,4%, aunque no se desglosan en los informes oficiales.

El número de condenados por delitos contra la libertad sexual también se disparó en 2024: un 37,3% más entre adultos y un 29,7% entre menores de 18 años. Nueve de cada diez condenas corresponden a hombres. Los delitos relacionados con la trata de seres humanos aumentaron un 249%, y entre menores de 14 a 17 años, los delitos sexuales crecieron un 65% respecto al año anterior. Especialmente alarmante es el incremento del 616% en delitos de prostitución y corrupción de menores. Este aumento, aunque preocupante, también refleja una mayor capacidad de detección y sanción penal, lo que supone un avance en la lucha contra la impunidad.

Finalmente, en 2024, las fuerzas y cuerpos de seguridad liberaron a 1.794 víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral, entre ellas 32 menores. De estas, 632 fueron identificadas como víctimas de trata y explotación sexual, incluyendo 15 niñas y 1 niño. El 98% eran mujeres, y el 79% de origen latinoamericano, lo que evidencia la vulnerabilidad de ciertos colectivos frente a estas redes criminales.

Pero la violencia machista no se limita al ámbito privado; también se manifiesta en los centros de trabajo, principalmente a través del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Se trata de una realidad que, pese a su gravedad, continúa invisibilizada y afecta cada año a miles de mujeres en empresas y organizaciones. Las consecuencias son devastadoras: desde el deterioro de la salud física y mental hasta la pérdida del empleo, con casos que terminan en bajas prolongadas o en la renuncia al puesto de trabajo.

Ante esta situación, desde UGT se ha intensificado su labor para prevenir estas conductas y garantizar entornos laborales seguros. Su trabajo se centra en la implantación de protocolos específicos que aseguren procedimientos claros para la investigación de denuncias, la atención integral a las víctimas y la sanción efectiva de los agresores. Erradicar estas prácticas constituye un objetivo sindical prioritario, porque no puede haber igualdad real mientras persistan espacios laborales donde se tolere cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Desde UGT celebramos la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2025, en cuya elaboración ha participado de manera activa UGT y también la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de la Violencia Vicaria.

Manifestamos que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema político y social de primer orden, que supone un déficit en nuestros sistemas democráticos, y que es preciso que abordemos desde todos los frentes, y sin escatimar en recursos. EXIGIMOS TOLERANCIA CERO.

Frente a las violencias contra las mujeres, UN PASO ADELANTE. Por entornos laborales libres de violencias machistas.