Lo que sigue siendo sólido

No hay que ser Muñoz Molina para observar que las dinámicas perversas de la política nacional tienen su reflejo en la política local. Al fin y al cabo, Madrid no está en el otro hemisferio y los políticos que se mueven en ese barrizal no llegaron de Marte.

Lo que Gijón ha vivido en estos últimos cuatro meses, aunque aquí nos haya parecido una bronca antológica como hacía muchos años que no se veía ninguna, no deja de ser el fiel reflejo de una degradación institucional que hace tiempo que ha superado los límites de lo soportable. En cualquier país que viviera circunstancias políticas medianamente normales, el secuestro de un organismo del Estado para hacer política local de forma completamente suicida hubiera hecho saltar todas las alarmas y alguien, en algún ministerio, hubiera accionado una de esas palancas del poder que desencadenan ceses, dimisiones, incluso desapariciones silenciosas. Aquí no ha pasado nada de eso porque bastantes problemas tiene un ministro de Transportes del Partido Socialista hoy en día como para preocuparse de esas minucias.

Pero es difícil definirlo de otra manera. Desde que Adrián Barbón cesó por elevación a una consejera cuya situación era insostenible (además de quemársele una planta de 62 millones de euros sin seguro, la mitad de su familia trabaja en empresas de su ámbito competencial y la Dirección General de Minas resultaba ser un circo), el secuestro de la Autoridad Portuaria de Gijón ha sido por momentos sonrojante. Habiendo cesado y obtenido un puesto mejor en esas circunstancias, hubiera sido de esperar que Nieves Roqueñí, nueva responsable del puerto líder en tráfico de graneles sólidos de España, cuya experiencia portuaria era inexistente, mantuviera un perfil de cautela y discreción en unas responsabilidades completamente ajenas a su ámbito de gestión hasta la fecha. Nada más lejos de la realidad.

Durante estos casi cuatro meses, la nueva dirección del Puerto, en connivencia, coordinación y bajo la cobertura del PSOE de Gijón y sus representantes políticos, intentó someter al Ayuntamiento de Gijón a una estafa de dimensiones colosales, negándose a ceder la parcela de Naval Gijón en los términos acordados y poniendo para ello las excusas más peregrinas y las mentiras más obscenas que se puedan recordar en un procedimiento administrativo reglado entre dos Administraciones que se deben, por mandato constitucional, la lealtad institucional que se espera entre poderes públicos. La Autoridad Portuaria sometió al Ayuntamiento a un asedio sin precedentes, descalificando a todo el que se pusiera por delante y con propuestas por escrito tan delirantes como pretender obligar a la modificación del Plan General de Ordenación (incluida en un borrador de convenio), la reafectación al dominio público portuario de un terreno que fue desafectado en 2014 (propuesta por el Secretario de Acción Municipal del PSOE de Gijón), o la afirmación de que el expediente era incompleto, confuso o erróneo (así lo manifestó la Presidenta en el Consejo Social). A ello se sumaron las reuniones políticas y técnicas en las que los representantes portuarios llegaron a decir que la cesión gratuita de la franja era ilegal, era urbanísticamente imposible, era onerosa, era objeto de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, era de uso y no de propiedad porque el Ayuntamiento no sabía lo que había firmado, y un largo etcétera. Hoy sabemos que todo era mentira, y que ellos lo sabían.

Todo esto pasó. Afortunadamente, lo contamos. Lo compartimos con la ciudad, porque era un asalto a mano armada. Lo hicimos público, muchas veces, las que hiciera falta, porque era un atraco. Durante cuatro meses, el Ayuntamiento se mantuvo firme con el apoyo de muchos profesionales públicos que son los que permiten que hoy Gijón pueda decir bien alto que puede confiar en su institución, en su Ayuntamiento. El PSOE de Gijón y la Autoridad Portuaria arremetieron contra todo y contra todos, de una manera completamente salvaje, suicida, y cometieron el mismo error que han cometido tantos en política en esta ciudad: subestimar a Carmen Moriyón.

Y este pasado viernes, cuatro meses después, la Autoridad Portuaria votó por fin un acuerdo de cesión gratuita de la propiedad de la franja de Naval Gijón que tiene un agujero. Un agujero bien grande, concretamente, cuatro meses de grande. Porque en los antecedentes del acuerdo que adoptó el Puerto el viernes, estos cuatro meses han desaparecido. Por arte de magia, las decenas de notas de prensa de Nieves Roqueñí, las reuniones interminables en las que se nos intentaba amedrentar, las mentiras descaradas, los documentos incomprensibles, los argumentos surrealistas, desaparecen. Ni rastro queda ya de todo aquello de la lámina de agua, de las piraguas, del expediente que no existía o que estaba incompleto o que estaba mal hecho o que decía otra cosa. En los antecedentes de la propuesta que se votó el viernes, el tiempo se para entre el 22 de febrero de 2025, día en que tomó posesión Nieves Roqueñí, y hoy. Ni una palabra. Ni una mención.

Pero Gijón no olvida. Porque lo que era sólido en 2013 lo sigue siendo hoy: la determinación de Carmen Moriyón por defender los intereses de Gijón contra todo y contra todos. Ahora que se ha consumado la rendición, no se trata de esconder antecedentes: Nieves Roqueñí debe dimitir y el PSOE debe pedir perdón. Porque Gijón no olvida.