Una de las reivindicaciones de colectivos como los sanitarios o los docentes, pero también de los ciudadanos de a pie, es la reducción de la ... burocracia, del papeleo de toda la vida, que parece inmortal pese a tantos anuncios de simplificación de trámites, declaraciones responsables y demás. Que la cumplimentación de datos, en impresos y cuestionarios físicos o digitales, hacen perder muchas horas lúcidas de trabajo es una evidencia. Doy fe de que hay días que, entre leer y contestar el correo electrónico y atender encuestas –a veces pedidas por colegas para sus investigaciones–, se nos va media mañana. En muchas ocasiones son requerimientos inútiles o dirigidos a destinatarios entre los que es absurdo intentar identificarte, porque nada tienen que ver contigo. Pero, repito, pese a los buenos propósitos reductores del aparato inquisitorial que nos tortura, tanto a empleados públicos como a usuarios de servicios, el resultado sigue siendo muy poco satisfactorio.
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Además, España es un país pendular. Y Europa en nada nos ha ayudado en este aspecto, pese a lo que creíamos. Cumplimentar una solicitud de un proyecto de la UE es infinitamente más complejo que hacerlo para una convocatoria nacional o regional. Son miedos a los fraudes y corruptelas que la normativa comunitaria intenta evitar con la técnica de matar moscas a cañonazos. Pero, repito, nuestro país es especialmente oscilante y pongo dos ejemplos que no están sacados de los tiempos de las cesantías literarias y el vuelva usted mañana. En la universidad española, que algo conozco, podemos pasar del trámite cero a los impresos infinitos. Hay instituciones académicas, empezando por la decana del país, donde, telemáticamente, puedes hacer catedrática a una persona sin verla, escucharla ni leerla. A quien no se lo crea, se lo demuestro con gusto (o disgusto). Eso sí, la comisión juzgadora, online, tiene que cubrir mil informes y petición de datos y pasarse una y mil veces el papeleo virtual para la firma electrónica. Lo que se llama vestir al santo (al que no ven los juzgadores) o, si se prefiere, vestir al rey desnudo. A la inversa –y no salgo de Asturias–, la supuesta 'Administración sin papel' puede cotejarse con la tramitación de una tesis doctoral. El pasado lunes, finalmente, una doctoranda a la que tuve la fortuna de dirigir, arropado por otra colega, defendió su memoria. No hablo del contenido ni de las mil fases previas. Me refiero a que una miembro de la comisión juzgadora tuvo que rellenar –con anterioridad, yo mismo– cientos de datos, y en el mismo acto de lectura hubo que cubrir unos cincuenta impresos. Todos imprescindibles. Si falta uno, o una firma, no hay título de doctor.
Por no hablar del incremento, siempre perjudicando al administrado, de la distancia con las oficinas públicas. La pandemia, felizmente pasada ya hace años, ha dado carta de naturaleza a la redundante 'cita previa' que, si en algunos ámbitos está justificada, en otros ni es preceptiva ni tiene sentido. Imponer, como me ha ocurrido recientemente, una citación electrónica en una dependencia donde casi nunca hay nadie esperando es un despropósito y, en el caso que comento, una ilegalidad, porque no era obligatoria tal petición anticipada. Fue en una oficina donde el impreso, por no actualizado, impone obligaciones ilegales o imposibles de cumplimentar o no especifica correctamente los documentos a acompañar. Cito una barbaridad: ahora, cuando las certificaciones oficiales vienen con firma digitalizada y son, por tanto, documentos oficiales, imponer que debe aportarse una fotocopia compulsada de dicho certificado digital es una monstruosidad. Como me comentaba un notario amigo, escandalizado, es como solicitarle que compulse un sello de correos. Pues así estamos y es imperdonable que estas cosas no se supervisen o que no se instruya a algunos funcionarios en cuestiones tan elementales. Por fortuna, son la minoría.
La digitalización en las Administraciones y en la Justicia ha querido hacerse a toda máquina, imponiéndola a empleados públicos, personas jurídicas o corporaciones profesionales. Y no sólo. Pero estas prisas sin transición han agrandado la brecha digital que no solo es cuestión de edad o de ruralidad. Y sobremanera ha fallado el factor pedagógico. La autarquía digital a la que se nos ha obligado a millones de personas es una irresponsabilidad del Estado merecedora de corrección y sanción. Pero hasta para eso estamos llegando tarde por, perdónese el oxímoron, querer madrugar tanto.
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Pues sí, aunque tengamos que manejarnos con herramientas cibernéticas, seguimos navegando, también, en papel. Una demanda o un recurso puede y debe registrarse telemáticamente, igual que el envío de una tesis. Pero los juzgadores, porque es más cómodo para leer y subrayar, frecuentemente imprimen el archivo, con lo que hemos ganado muy poco. Lo de la 'Administración sin papel' me temo que, pese a los heraldos del optimismo institucional, va para largo. Eso sí, hay numerosas dependencias en oficinas públicas donde nos encontramos sin papel. Me refiero a los servicios higiénicos.
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