Los impuestos no son un chiste

El impuesto que más se recauda después del IVA es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el caso del IRPF, esa recaudación es progresiva, porque pagan más quienes más ganan. Se trata de un tributo estatal cedido parcialmente a las comunidades autónomas, por lo que su recaudación se reparte el 50% para el Estado y el 50% para la comunidad donde reside la persona. El intervalo autonómico es la parte del IRPF que las comunidades pueden regular adaptándolas a las políticas sociales y económicas del territorio.

Recientemente hemos conocido que el Gobierno del Principado de Asturias ha llegado a un acuerdo para bajar el tipo mínimo de la parte autonómica pasando de 10% al 9%. Si comparamos este tramo autonómico, antes de la bajada, con las comunidades limítrofes resulta que Asturias era la comunidad autónoma que registraba un porcentaje más alto con un tipo agregado (estatal y autonómico) del 19,5%, seguida por Castilla y León y Galicia (18,5%) y Cantabria (18%). Después de la bajada, el tramo autonómico del Principado se iguala al de Castilla León y Galicia y, por debajo, se situaría Cantabria.

Como no podía ser de otra manera, aplaudo este alivio fiscal para las rentas bajas a las que les concede más poder adquisitivo, pero, paralelamente, la medida castiga las rentas altas y las sitúa en un tipo agregado de más de un 50% y muy por encima de nuestros vecinos de Castilla y León (46%), Cantabria (49%) y Galicia (47%). De nuevo, Asturias se sitúa dentro de las comunidades con más carga fiscal de España. Y aunque puede parecer que esta medida es moderada (suben 0,5 puntos), la realidad es que no lo es, pues el Principado es una comunidad con un muy escaso dinamismo laboral.

En el primer trimestre de 2025, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), según tasas intertrimestrales, el Principado es el más bajo de todas las comunidades (0,3), junto con Galicia, con la diferencia de que nuestra región mantiene un paro, casi estructural, del 9,3% y una población activa del 52,5%, la más baja de toda España.

Este contexto socio-económico exige una exhaustiva valoración de las medidas estratégicas a largo plazo y no solo un efecto redistributivo inmediato, porque lo que verdaderamente urge es la puesta en marcha de políticas fiscales y económicas activas que atraigan inversión y talento.

Una población activa del 52,5% quiere decir que existe un notable envejecimiento demográfico, importantes desincentivos al empleo generados por la falta de oportunidades, de una formación desalineada, de una alta dependencia de las rentas pasivas y de dificultades estructurales para generar empleo privado estable.

En este contexto, las rentas altas, que soportan los profesionales cualificados, los directivos, los empresarios locales y los inversores tienen dos opciones: la de irse a otra comunidad autónoma fiscalmente más amigable o la de quedarse en Asturias. Pues bien, cada vez son menos los que deciden quedarse en Asturias y con ellos perdemos agentes dinamizadores del tejido productivo que crean empresas, invierten, atraen talento, consumen servicios, crean riqueza y puestos de trabajo. Creo que merece la pena reflexionar fiscalmente para que Asturias no siga perdiendo piezas relevantes para la prosperidad de la comunidad autónoma.

No podemos perder de vista que en una comunidad como es la del Principado de Asturias las políticas activas deben de incentivar la inversión y ampliar la base productiva. De no ser así, el sistema fiscal corre el riesgo de comprometer tanto la sostenibilidad financiera de la autonomía como la equidad intergeneracional.