Salarios, productividad y deterioro de las instituciones

En cuanto al primero de ellos, el salario mínimo, resultaría muy impopular y hasta inhumano manifestarse en su contra, así que no lo voy a hacer. Tan solo quisiera comentar los resultados que ha tenido: son los números los que hablan, no yo. El caso es que, durante las dos últimas legislaturas, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido de 735 a 1.134 euros en apenas cinco años. La subida más notable fue la de 2019, dado que lo elevó a 900 euros. Esto, si no nos falla la memoria, provocó un intenso debate público sobre sus efectos sobre el empleo a medida que se iban publicando los primeros estudios y confirmando su efecto negativo en este ámbito. Sin embargo, la carencia de datos impedía responder a una pregunta que, a mi entender es clave: ¿qué empresas reaccionaron con más fuerza a la subida? ¿Cómo ajustaron sus plantillas? No descubro el Mediterráneo si digo que un documento relativamente reciente publicado por Fedea analiza estas y otras preguntas, confirmando que el aumento de 2019 ocasionó un alza salarial del 11% y un peor desempeño del empleo del 4,4%.

Lo más relevante es que su impacto fue muy desigual porque las empresas pequeñas y medianas sufrieron pérdidas de empleo, mientras que el efecto en las grandes empresas fue prácticamente nulo. ¿Cuál es la cuestión más problemática? Que más del 99% del tejido productivo de nuestro país está formado por pymes. Como consecuencia de esto, al incrementarse los despidos en las pequeñas empresas, se puede deducir que la subida del SMI es uno de los factores que ha contribuido al creciente peso de las grandes empresas sobre el empleo total en España, que es una tendencia que, si bien se apreciaba desde hace más de una década, se ha intensificado claramente con esta variable. ¿A alguien se le escapa que las más afectadas con la implementación de la reducción de jornada serían las pymes, al igual que ha sucedido con el SMI?

La vicepresidenta Yolanda Díaz, respecto a la reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales aprobada por el Consejo de Ministros, argumenta que este era «un gesto de conexión con la ciudadanía» y que habían «cumplido con 12 millones de trabajadoras y trabajadores». Yo creo que es un síntoma de todo lo contrario. España, en primer lugar, no tiene 12 millones de trabajadores, sino felizmente cerca del doble. ¿Le gustan los números vicepresidenta? A los que se refería ella eran los que tienen un contrato a tiempo completo, pero no constituyen, a mi parecer, una imagen real del mercado laboral; de hecho, la jornada semanal media en España no llega a las 37,5 horas, sino que se queda en 36,4. La situación de 'la calle' es muy dispar, claramente, como claro está, ojalá me equivocase, que las mayores sufridoras de las consecuencias de la reducción de jornada serían, nuevamente, las pymes.

Y es que, además, afectará negativamente a la productividad, el segundo de los temas que querían tratar. Reducir la jornada eleva automáticamente los costes laborales de las empresas, cae de cajón. Se calcula que el salario real por hora subirá un 6,6% de golpe y que, aunque el efecto sobre la productividad por hora trabajada será neutro, el de la productividad por trabajador será negativo. Por consiguiente, existe un riesgo evidente de que el incremento de los sueldos se reabsorba con crecimientos futuros inferiores a la inflación. Es decir, que la reducción de jornada, que suena tan bien y puede ser tan deseada para muchos, podría terminar trasladándose al poder adquisitivo de los trabajadores y eso suena mucho peor. El famoso informe Draghi citaba la palabra productividad por doquier porque la caída de la evolución de esta variable, la productividad, en relación a Estados Unidos, está en su opinión en el origen del diferencial entra ambas economías. Los europeos trabajamos unas 250 horas menos cada año que los norteamericanos y lo que producimos por hora es inferior. Y España, en esto, empeora el dato medio europeo.

Termino con una posible solución a este último problema y menciono no mi fórmula sino la del Banco de España (BE) que cuantifica la mejora de la productividad si el país lograse mayor calidad de sus instituciones y mayor eficiencia. En este tema, tampoco podemos sacar pecho. El deterioro institucional, además de ocasionar cabreos generalizados a los ciudadanos, provoca daños económicos. Es posible medir variables como la capacidad de las instituciones independientes de resistir presiones para el buen funcionamiento del Estado, el control de la corrupción, el respeto al estado de derecho, la eficiencia de la Administración o la calidad regulatoria que tienen una traducción directa en la productividad de un país y ésta en su renta per cápita. El informe del BE pone números señalando que, si la calidad institucional española alcanzase el nivel danés, actual referente en la UE, el crecimiento de la productividad en nuestro país en los cinco años siguientes podría ser un 19% mayor, lo que implicaría un incremento en la tasa media de crecimiento anual de la productividad de los factores durante dicho período del 3,8%. Pues a ello.