El TSJA descuenta al Ayuntamiento el coste de la visera del Calatrava, 7 millones menos

El Ayuntamiento tendrá que abonar más de 18 millones de euros a Jovellanos XXI por la liquidación del contrato de 'los palacios', siete menos que lo que estableció la primera sentencia. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acordado estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por el Consistorio contra la sentencia de Primera Instancia del Juzgado de lo Contencioso 3 del pasado mes de junio. Aunque a grandes rasgos da por buena la interpretación que hizo entonces el magistrado Miguel Ángel Carbajo, la sala entiende que hay que descontar del valor final de la liquidación del contrato «una parte de la obra, carente de utilidad y que ha supuesto un sobrecoste de 6,9 millones de euros»: la visera inmóvil del Palacio de Congresos. La sala recuerda que la empresa de los Cosmen y Lago ya fue compensada por esos sobrecostes «en sentencias civiles» y «a cargo del arquitecto», Santiago Calatrava.

En realidad, el fallo del Tribunal Supremo que confirmó «los defectos en la dirección técnica y construcción» durante las obras del Palacio de Congresos se produjo casi al mismo tiempo que el titular del Contencioso 3 publicaba su sentencia y con desconocimiento por parte de este. Para remate, dos días después la jueza de Instrucción 2 ordenó el archivo de las diligencias penales iniciadas a instancias de la Fiscalía sobre la operación de 'los palacios'. Los primeros días de junio fueron muy animados.

La sentencia de la sala, a la luz del criterio confirmado por el Supremo, considera que «a causa del incumplimiento de las obligaciones del arquitecto» y debido a los «defectos en la dirección de obra y del proyecto», hubo «una falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil». Ello ha «generado un daño a la promotora perfectamente evaluable» y que ya cobró de la aseguradora del arquitecto, «por lo que debe ser descontado del valor final de la obra». Porque eso, el valor final de la obra, no se mueve. Sigue siendo, pese a los intentos municipales de restarle trascendencia, el que figura en el acta de recepción de la misma, firmada por los técnicos municipales en mayo de 2011:96 millones de euros.

Dos cosas distintas

La sala entiende que son dos cosas distintas la incautación de parte de la garantía (1,3 millones de euros) que hizo el Ayuntamiento por la inmovilidad de la visera y otros fallos menores en 2012 y el hecho de que se trata «de una obra carente de utilidad», de «que no toda la inversión efectuada por Jovellanos XXI en la ejecución del Palacio de Congresos ha de ser compensada».

En cambio, rechaza tener en cuenta los costes del derrumbe del forjado del graderío de la sala principal, ocurrido en mayo de 2006, como pretendía el Ayuntamiento. El perjudico da directamente por este hecho fue «el promotor de la obra», sin ser causante del mismo y habiendo sido reparados estos daños por la empresa «antes de la recepción».

Del resto de los avatares de la obra, el TSJA prefiere no saber nada. «De las restantes circunstancias acaecidas en la ejecución de la obra, entre las cuales no pueden desconocerse los numerosos cambios del proyecto con modificaciones tanto respecto de las dimensiones de los edificios como de su destino a instancias del promotor y de la propietaria, unidos a los retrasos de su ejecución» sostiene que no se «ha acreditado» de quién fueron culpa, «lo que descarta que puedan atribuirse en exclusiva a» Jovellanos XXI «con base en el descontrol constructivo del Palacio».

Porque descontrol hubo. De hecho la sala le recuerda al Ayuntamiento que no puede poner los problemas de la obra como excusa para tratar de reducir el coste de la liquidación del contrato, ya que incumplió «las obligaciones de supervisión y control del contrato y de las obras» y de «sus propios actos», los 96 millones que vale el Palacio de Congresos . «La valoración del acta de recepción que se hace en la sentencia de instancia se ajusta claramente a sus términos», incide.

Sentado esto el fallo del TSJA sigue la línea del de instancia. Rechaza que se trate de un contrato de «naturaleza concesional», uno de esos, como las autopistas radiales de Madrid, en el que la iniciativa privada invierte a cambio de un retorno garantizado por la Administración; sino de uno complejo, con «una variedad y heterogeniedad de prestaciones de muy diverso signo y alcance». Con ello libra el Ayuntamiento de tener que resolver el contrato directamente indemnizando a la empresa de los Cosmen y Lago por el valor reconocido del Palacio de Congresos, los 96 millones que reclamaba la sociedad, hoy en liquidación

La sala no entra en detalles. Da por buena la interpretación del juez Miguel Ángel Carbajo acerca de los cálculos de la liquidación del contrato. Coincide en que, a falta de otros datos -el Ayuntamiento nunca valoró los aprovechamientos que entregó a la empresa-, debe partirse de la modificación del contrato del año 2005. Ese año, el Ayuntamiento y la empresa pactaron un modificado sustancial en el que se autorizaron grandes superficies comerciales o se entregaron en propiedad los aparcamientos de ambas parcelas. Si ambas partes los dieron por bueno, es que el valor del Palacio de Congresos en 2005 era equilibrado con lo que entregaba el Consistorio. Así las cuentas salen mucho mejor. Corresponde restar a los 96 millones del valor real del Palacio de Congresos, los 66,3 millones del presupuesto aprobado en 2005, que, por lógica, era lo que valían los aprovechamientos entregados. De redondear la cuenta, se encargaban los 5,2 millones de euros en amortización desde 2011.

Incluso el TSJA añade una propina en favor del Ayuntamiento: 312.540 euros, porque se calculó mal el beneficio industrial y gastos generales entre los proyectos de 2005 y de 2011. La mala noticia es que hay que pagar 18 millones, también que aún hay una puerta abierta hacia el Supremo y en Madrid las cosas salen muy caras.