El Ayuntamiento de Oviedo destinará otros 800.000 euros a una nueva revisión del PGO tras la renuncia de la UTE

Lo que no hay por ahora es un cuándo. Al menos no lo concretó ayer el alcalde, Alfredo Canteli, al ser preguntado por el asunto de marras. El regidor ofreció su particular explicación al fracaso de la revisión del planeamiento. En sus palabras, «era un tema no esperado, pero falleció una persona, el resto no quiere seguir con ello y no hay otro camino que rescindirlo e iniciarlo de nuevo con otro equipo; hay que buscar otro equipo», reiteró, «que no es fácil».

En ese sentido, el Consistorio aprovechará el trabajo realizado por los redactores hasta ahora, con los que han llegado a un acuerdo para resolver el encargo. La UTE percibirá cerca de 126.000 euros, de los que 49.547 euros se corresponden con una indemnización por los daños y perjuicios contractuales producidos desde el 31 de enero de 2022, fecha en la que se amplió el plazo de ejecución durante dos años y medio más. «Hay algo hecho, pero no mucho; se va a aprovechar todo lo que podamos, por supuesto: la orientación, fundamentalmente, del plan que queríamos nosotros», aseguró Canteli.

Lo que todavía no sabe responder el primer edil es si se van a introducir grandes cambios de fondo en el planteamiento de la revisión. «Hay que esperar a ver quiénes van a redactar el plan y ponerse de nuevo; es una pena, porque se retrasó mucho, pero no por culpa nuestra. Uno falleció y los otros no quisieron seguir».

Lo cierto es que difícilmente hubieran podido hacerlo. La prórroga del contrato aprobada hace dos años, sobre la que no cabían nuevas ampliaciones, finalizaba el 30 de este mes y el proceso apenas había llegado a la fase de presentación del documento de aprobación inicial, que ni siquiera ha sido aprobado. Para que se entienda, entre la aprobación inicial y la definitiva de un trámite de este tipo, el más complejo al que pueda enfrentarse cualquier ayuntamiento, pasan del orden de dos años, y eso si no se eterniza.

Es más, en su escrito de resolución contractual por «circunstancias sobrevenidas», los redactores recuerdan que la formalización del encargo tuvo lugar el 30 de enero de 2018 y que el plazo de ejecución era de cuatro años, por lo que, «obviamente, cuando se formalizó el contrato se estimaba que se iba a finalizar en un periodo inferior» al que hasta ahora se estaba manejando. Es otro de los principales argumentos que utilizan para explicar su renuncia.

Lo firmaron en tiempos del tripartito, con Wenceslao López al frente del Consistorio. Un año después llegó el cambio de gobierno y el PP y Ciudadanos dedicaron dos años más para revisar la revisión, valga la redundancia, alumbrando en 2021 un nuevo documento de prioridades. Para ese momento, cumplir los plazos ya era imposible y hubo que prorrogar el contrato dos años y medio más, aunque tampoco ha servido para mucho.

El equipo de gobierno reconoció entonces que ese retraso inicial no se podía imputar a los redactores y difícilmente podría hacerse con lo que ocurrió después. La revisión del Plan General de Oviedo ha estado sometido a un sinfín de trabas burocráticas y matizaciones constantes sobre el rumbo que debía seguir.