El TSJA exige una solución definitiva para «el olor a cadáver» en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

La magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha vuelto a elevar una queja sobre la «reiteración de los malos olores en las dependencias» del órgano, que se llena de efluvios cadavéricos procedentes del Instituto de Medicina Legal, ubicado en el mismo edificio de Las Corredoria, y que provocan que el día a día para los trabajadores se vuelva imposible de soportar. Llevan ya más de una década aguantando esta situación, ese «olor a cadáver». Es por ello que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó instar nuevamente a la Viceconsejería de Justicia del Principado a que se «adopten medidas que solventen de forma definitiva el reiterado problema de malos olores que viene afectando a las dependencias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria».

La situación, sentencian, «se torna insostenible desde hace demasiado tiempo, por lo que urge que se tomen las medidas pertinentes con urgencia». En concreto, desde 2012, momento en que se instaló en este edificio el juzgado que antes se encontraba en la calle Jovellanos. Los funcionarios y la propia magistrada llevan lustros protestando constantemente, y los sindicatos advierten que, si bien «los problemas de olores parecían haberse solucionado, regresan de manera puntual».

Por partes. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se desarrolla en cinco plantas: dos bajo rasante y tres por encima, conectadas por dos núcleos verticales, uno general con ascensor adaptado y otro restringido con ascensor montacamillas del semisótano a la cubierta. Tiene una entrada principal accesible desde la calle José Requejo, otra secundaria restringida desde Vicente Miranda, y dos accesos para vehículos desde la primera: uno con monta-coches al garaje y otro por rampa al semisótano. Construido en 2010, tiene una superficie construida de 3.368 metros cuadrados.

El olor que desprenden los cuerpos en descomposición que llegan al edificio; sin embargo, se cuela hasta las plantas superiores y los trabajadores se ven obligados a tener las ventanas abiertas para tratar de aliviar la situación. El principal lugar de generación de los efluentes en el Instituto de Medicina Legal lo constituye la sala de autopsias, en la planta semisótano –hay dos estancias destinadas a este fin, una de ellas para cadáveres en mal estado de conservación–. Se trata de una sala en la que los líquidos, baldeos y demás vertidos se conducen a un sumidero central donde, posteriormente, se conecta mediante soldadura en gas inerte al colector principal de vertidos biocontaminados.

También se recogen los vertidos líquidos del laboratorio de patologías en que analizan, tratan o procesan elementos procedentes de autopsias. En mayo, el Principado sacó a licitación por algo más de cien mil euros el contrato para la realización del servicio de los procesos de biocontaminados para el tratamiento de las aguas contaminadas procedentes de los procedimientos de autopsia.

El Ejecutivo regional, por su parte, es consciente del problema desde hace años y ha recibido las mismas quejas una y otra vez. Para revertirlo hay un proyecto sobre la mesa. El Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado contempla la reubicación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, lo que, tal y como viene recogido en el documento, «posibilitará la creación de más despachos para el Instituto de Medicina Legal y para otros usos necesarios como la sala de entorno amable».

Además, está previsto que en la planta sótano -2 se lleve a cabo el acondicionamiento de una superficie del garaje para la creación de la nueva sala de grandes catástrofes que pueda acoger «a un elevado número de víctimas». También se sustituirá el pavimento del hall de acceso, se adaptará el mostrador de atención al público y se realizarán las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia energética del edificio.

Es decir, una serie de actuaciones parciales que cuentan con una previsión de inversión superior a los dos millones de euros y con un diagrama de ejecución que se extiende hasta el 2028. La Viceconsejería prevé invertir 641.470 euros el año que viene, otros 264.055 euros en 2027 y algo más de 1,1 millones de euros al año siguiente.

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