Oviedo colaborará con otros municipios ante los «múltiples indicios de corrupción»

Rubén Rosón, concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, anunció ayer que impulsará la creación de un comité que gestione toda la información del caso 'Enredadera' para todos los municipios donde, presumiblemente, se contrataron de forma irregular servicios de seguridad y control de tráfico a las empresas investigadas y al que se podrán sumar todos los grupos municipales de los diferentes consistorios que así lo crean conveniente.

De esta manera, el edil de Somos pretende que la información que se vaya obteniendo en las diferentes iniciativas para controlar las licitaciones públicas afectadas por la trama corrupta se comparta entre los responsables municipales del Principado. El anuncio lo hizo durante una vista a la Feria de Muestras de Asturias (Fidma) acompañado de la diputada regional de Podemos Asturias Lorena Gil, y la concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez.

Lo hizo en vísperas de que hoy la junta de gobierno local dé luz verde a la personación del Ayuntamiento como acusación particular contra los dos mandos de la Policía Local, el exjefe José Manuel López, y el subinspector del área Técnica, imputados por varios delitos contra la Administración en una causa radicada en el Juzgado de instrucción número 2 de Badalona.

Además, Rosón asumirá las competencias de la «revisión» de los contratos del área de Seguridad Ciudadana desde hace diez años para aquí. El matiz de emplear la palabra «revisión» en vez de la mera «fiscalización» es importante porque implicará unas mayor libertad de actuación desde Intervención municipal.

«Mañana mismo -por hoy- dictaré la providencia para que el servicio de Intervención comience esos trabajos de fiscalizacion, de revisión de los contratos de Policía y del SEIS», avanzó el edil que justificó la creación de ese comité en la estructura de la trama de amaños de contratos. «No es un caso que afecte a una u otra administración, es una forma que tenían establecida ciertos corruptores y corruptos», refirió. «No esté solo en Oviedo, posiblemente también en Gjón, Avilés, Siero, Mieres, Luanco, Gozón...», enumeró el edil antes de desear que los concejos puedan «trabajar al unísono para esclarecer esta trama».

Antes, el concejal había reafirmado la postura de Somos Oviedo frente a sus compañeros de gobierno de la necesidad de personarse en la causa desde que los agentes de la UDEF ingresaron en dependencias municipales preguntando por los contratos con Aplicaciones Gespol, principal mercantil investigada.

Solo hace un mes de aquello, en el transcurso de julio, el resto de formaciones del gobierno, PSOE e IU, ha preferido contemporizar antes de personarse en la causa ante la «gravedad», como relata el informe de Abogacía Consistorial, de que el Ayuntamiento dirija acusación contra dos de sus trabajadores. «Nos congratulamos de que nuestros compañeros de gobierno hayan cambiado de posición y acepten esa personación», concedió.

Con Gespol, el Ayuntamiento tiene contratado desde el año 2010 la actualización de la aplicación de las PDA de los policías locales. Los agentes, tras las escuchas practicadas al comisario, al exjefe de Bomberos, José Manuel Torres, y uno de los empresarios imputados, Luis Ángel García, alias 'el Patatero', también se interesaron por el contrato de las emisoras de la Policía Local, adjudicado el año pasado pero todavía por recepcionar y el de modernización, que el alcalde paralizó al ver indicios de amaño.

En la licitación de las emisoras fue un dolor de muelas. Hubo indicios de amaños desde el principio -de hecho, los agentes de la UDEF incorporan al sumario una información de este diario en ese sentido-, se paralizó por vía administrativa y se envió a la Fiscalía que, sin embargo, no vio nada raro. El de modernización y la compra de tabletas para los agentes era el verdadero objetivo de la trama según se deduce de las escuchas.

La personación y la fiscalización de los contratos del área no será la última de las medidas que tome el Ayuntamiento para tratar de blindarse ante «comportamientos impropios de funcionarios», como se recoge en el informe de Abogacía Consistorial. Seguridad Ciudadana estudia sustituir a los responsables históricos de los contratos de suministros como el del mantenimiento de los vehículos, material o la compra de ropa.