La Policía recibe formación para atender a personas con discapacidad intelectual

Cuando una persona con discapacidad intelectual acude a una comisaría le cuesta abrirse. Puede sentir una falta de confianza a la hora de relatar lo que le ha pasado o no saber explicar con exactitud su versión de los hechos. Para evitar este tipo de situaciones, los agentes de la Policía Nacional asistieron ayer a una jornada formativa en la que la federación de discapacitados intelectuales Plena Inclusión les explicaron, entre otras cuestiones, cómo deben tomar declaración a este colectivo.

«Las preguntas deben de ser cortas, con un lenguaje sencillo y alejadas de tecnicismos o cuestiones que puedan ser inaccesibles para ellos», detalló Mayca Collado, que impartió la jornada junto a Ana Rivas y Pablo Sánchez en las dependencias de Buenavista. Este último aprovechó la ocasión para pedir paciencia a los agentes para evitar casos como el que él ha padecido, aunque no fue en una comisaría: «El año pasado hice prácticas en una biblioteca y en los primeros meses me trataron un poco mal. Los encargados no me explicaban los procedimientos y yo no sabía cómo hacerlo. Al final les acabé cogiendo miedo», lamentó.

El inspector delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía, Pedro Aguado añadió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para velar por los derechos de todos los ciudadanos: «Queremos que las personas con discapacidad intelectual tengan un mejor acceso a los servicios policiales», dijo.

Además de agentes, abogados y jueces han recibido esta formación, porque deben conocer las barreras y dificultades a las que se enfrentan los discapacitados intelectuales en su acceso a la justicia. Sin ir más lejos, las sentencias se están adaptando de forma progresiva a un sistema de lectura fácil para que puedan ser entendidas por todos los ciudadanos. «Muchas veces se cometen errores porque creemos que la persona ha entendido todo lo que le hemos dicho y no es así», recalcó Collado, quien dejó una cifra sobre la mesa: el 7% de las personas que ingresan en prisión tienen una discapacidad mental y de ellas, el 70% lo hacen sin un certificado médico.