Foro: «Cada día es más claro que el Gobierno intenta incumplir la sentencia de los Fondos Mineros»

El diputado nacional de Foro, Enrique Álvarez Sostres, ha dicho hoy que el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, "se está quedando" con los asturianos al asegurar que la sentencia de los Fondos Mineros "no anula" actuaciones del Gobierno central.

El parlamentario discrepa sobre las manifestaciones ofrecidas por Nadal en su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, donde aseguró que la sentencia del Tribunal Contencioso Central "solo obliga a revisar los convenios objeto de reclamación porque, gestionados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), éste consideró que no debían de pagar nada, sin que la sentencia anule actuación alguna del Gobierno". "Es indecoroso", considera el diputado asturiano en relación a la afirmación del secretario de Estado.

Sostres precisa que el IRMC es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica propia y diferente de la del Estado. Asimismo recuerda que la demanda presentada por el Gobierno del Principado, que ostentaba Foro, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 que decidió eliminar los Fondos Mineros "se dirigió frente al Ministerio de Industria, es decir, a la Administración General del Estado". Agrega que el Juzgado Central de lo Contencioso estimó la misma, lo que se confirmó en apelación por la Audiencia Nacional, por lo que "no anuló actuación alguna del IRMC sino de la Administración del Estado".

Para Sostres, si lo que impugnó el Gobierno asturiano hubiera sido una actuación del IRMC, como "dice frívolamente" Nadal, el Tribunal "hubiera desestimado la demanda por falta de legitimación al no demandar al IRMC sino al Ministerio". Sostiene que se ha procedido a suprimir los Fondos Mineros "prescindiendo" de cualquier tramitación administrativa, motivo por el que el Ministerio "carece de toda información sobre los convenios reclamados". Por último, afirma que "cada día que pasa está más claro" que el Gobierno central "intenta incumplir" una sentencia firme, lo que "deja en muy mal lugar su voluntad de respeto al Estado de Derecho, cuando el Derecho no le da la razón".