La jueza de Pokemon suma cuatro cargos municipales asturianos como investigados en la causa

La jueza Pilar de Lara que instruye el caso Pokemon en el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, remitió ayer una providencia a las partes y al ministerio fiscal en la que se llama a declarar en condición de imputados a cuatro cargos municipales asturianos y seis gallegos.

La magistrada cita para el próximo 27 de febrero al exportavoz municipal del PP de Nava, José María Osoro Fernández, a quien se le achaca un presunto delito de cohecho y revelación de información privilegiada en su relación con el presunto conseguidor de la trama del agua, Joaquín Fernández Díaz.

También tendrán que acudir como investigados ese mismo día al juzgado lucense el alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, en su caso como presunto autor de un delito de cohecho, también en relación con Joaquín Fernández.

Del mismo modo, declararán ante la juez como investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias el alcalde de Coaña, Salvador Méndez, y la teniente de alcalde Rosana González.

Por otra parte, la jueza remite a las partes y al ministerio fiscal un informe de Vigilancia Aduanera cuyo contenido ''constata la realización de viajes pagados por Aguas de Barcelona (AGBAR) tanto a Rogelio Pando Valle, alcalde de colunga, como a Esther Freile Fernánez (su esposa), teniendo en cuenta la existencia de un informe del Tribunal de Cuentas donde podrían detectarse ciertas irregularidades, así como de un informe del interventor del Ayuntamiento''. Por ello, la jueza ordena que Vigilancia Aduanera ''complete la investigación mediante examen del contrato o adjudicación o renovació0n del servicio, solicitando cuantas propuestas de actuación se consideren oportunas''.

Sin llamar a nadie a declarar la juez también abre investigación a otros concejos como Castropol, Ribadedeva y Cangas del Narcea; al PP de San Martín del Rey Aurelio; y a varias empresas, como Construcciones y Contratas Covami XXI S.L. y Gráficas Naranco. Además amplía el informe sobre los servicios prestados por Aquagest al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, del PP, y al ex portavoz municipal del PP de Gijón Manuel Pecharromán.

Galicia

En la misma providencia, la juez Pilar de Lara cita también a declarar como investigados a varios cargos del Ayuntamiento gallego de Ortigueira, concretamente a Antonio Campo, Amadora Roca y Rafael José Girón, por preesuntos delitos de tráfico de influencias y de fraude en la contratación en su relación con la empresa Aquagest. Y también señala como investigados por idénticos presuntos delitos a tres cargos del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, en relación con ''una serie de obras por importe de 425.000 euros, comprometida en el cambio de modalidad contractual, del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en el concejo en 2006'', para lo que reclama a la empresa Aqualia Pontevedra toda la documentación de que disponga al respecto. En este mismo municipio, A Pobra do Caramiñal, la jueza ordena que la secretaria municipal y el responsable de Intervención faciliten a los investigadores de Vigilancia Aduanera una copia compulsada del acuerdo de la junta de gobierno municipal por el que se acordó modificar el contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua el 2 de febrero de 2006, así como toda la documentación relacionada con dicha decisión. Y en este sentido, la magistrada pide una copia compulsada del informe de justificación de las deudas existentes con Aquagest.