El SOMA se opone a las diligencias que pide la defensa de Villa para no prolongar la instrucción

Año y medio de instrucción es «suficiente» para dar «carpetazo» a la causa. O al menos esa es la postura que mantiene el SOMA-Fitag-UGT, que presentó la querella por apropiación indebida contra su exsecretario general, José Ángel Fernández Villa, a quien le reclama 420.000 euros, después de que la abogada del exlíder del sindicato minero, Ana García Boto, solicitara la semana pasada a la jueza que instruye la causa, Simonet Quelle Coto, nuevas diligencias de investigación. Entre ellas, las facturas que Villa cargó al SOMA, y que desveló en exclusiva este domingo EL COMERCIO, y la declaración de 35 miembros y exmiembros de la junta administradora de esta organización.

La posición del sindicato minero ante esta solicitud es clara. «Nosotros pedimos que no se practiquen esas pruebas, no son necesarias ahora», afirman desde el SOMA. Esta organización, que presentó en 2015 la querella contra Villa por presunta apropiación indebida, considera que el único objetivo que persigue la solicitud de la defensa es «prolongar más» la instrucción de la causa. «Quiere que se eternice», afirman.

Desde esta organización sindical entienden que las pruebas que solicita la letrada Ana García Boto «son innecesarias en esta fase de instrucción. Si las quiere pedir, que lo haga luego, en la fase de juicio». «Llevamos año y medio de instrucción y hubo tiempo para pedir estas nuevas diligencias», insisten desde el SOMA, sindicato que considera que «ya es momento de dar carpetazo» a la instrucción del caso.

Solicitud de actas

La letrada que defiende a José Ángel Fernández Villa presentó la semana pasada en el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, el que instruye la causa abierta contra el exlíder minero y donde declaró el pasado día 3, la práctica de una serie de diligencias de investigación para aportarlas a la causa. Ana García Boto pidió a Hunosa que remita las actas de las reuniones de los comités intercentros -se acusa a Villa de quedarse con el dinero de las dietas de los representantes en estas reuniones- así como los originales de la totalidad de las facturas de las compras realizadas con las 17 tarjetas de crédito del SOMA y que usaba Villa.

EL COMERCIO publicó el pasado domingo y ayer en exclusiva las facturas correspondientes a los gastos personales que Villa pasaba al sindicato. Entre los cargos se encontraban puros Montecristo y Cohiba, perfumes, discos de música flamenca, libros de diversa temática -aunque la mayoría de temas políticos y deportivos-, agendas escolares e, incluso, hasta una docena de huevos que pagó en una gasolinera cuando repostaba carburante cuyo cobro luego pasó al sindicato. También solicitaba, entre otras diligencias, una prueba pericial de la firma y la declaración de 35 testigos, todos ellos miembros o exmiembros de la junta administradora del sindicato para, según la solicitud de la defensa, «ser interrogados sobre la aprobación o reparos» que hayan puesto a las cuentas del SOMA.

La magistrada que instruye el 'caso Villa', Simonet Quelle Coto, tiene previsto decidir esta semana sobre si acepta o no la petición de las diligencias que ha solicitado la defensa. La jueza está estudiando el escrito presentado por la abogada Ana García Boto para tomar su decisión.

En un principio, y según fuentes judiciales consultadas por este diario, no parece que su decisión sea favorable a aceptar la petición de nuevas diligencias, por lo que la instrucción del 'caso Villa' estaría próxima a su conclusión. «No obstante -añaden estas mismas fuentes-, es la magistrada la que tiene la última palabra».