Las acusaciones frontales por la filtración «política» cierran el juicio al fiscal general

Álvaro García Ortiz, que rechazó hacer uso al derecho a la última palabra, escuchó sentado en estrados los alegatos finales de las acusaciones, de la Fiscalía y de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Las partes han visibilizado sus profundas diferencias y discrepancias, incluso en el terreno personal, sobre la carga de la prueba, la motivación «política» de los hechos enjuiciados o la credibilidad de los periodistas que han testificado y han exculpado al acusado.

El abogado del fiscal general se ha reafirmado en la legítima reacción de la institución el 13 y 14 de marzo de 2024 para combatir un «bulo». Una «intoxicación» lanzada en redes sociales por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso sobre la conformidad negociada por la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, procesado en la actualidad por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. «Se llevó a cabo una dinámica institucional, legal y legítima» de emitir una nota de prensa que ofreciera una información veraz frente a las «informaciones tergiversadas» de algunos medios de comunicación, en referencia a El Mundo, que se hicieron solo eco de la «versión falaz» de Miguel Ángel Rodríguez sobre la ruptura del ofrecimiento de la Fiscalía, justificó el letrado Ignacio Ocio.

El representante de los servicios jurídicos del Estado ha esgrimido que la única filtración acreditada en el Supremo fue la de González Amador al propio Rodríguez. La defensa ha insistido en uno de sus principales argumentos: que cientos de personas pudieron acceder al correo filtrado donde el comisionista reconocía dos delitos fiscales. «Existió voluntad de no investigar», ha deslizado la Abogacía para recalcar después la existencia de un «juicio paralelo basado en conjeturas» contra García Ortiz, marcado por «un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico».

Por su parte, el letrado de la acusación, Gabriel Rodríguez Ramos, que también defiende a la pareja de Ayuso en las dos causas abiertas contra él en los juzgados de Madrid, ha señalado sin ambages que el fiscal general fue la fuente de la información de Miguel Ángel Campos. Éste es el periodista de la Cadena Ser que habló primero del correo difundido la noche del 13 de marzo de 2024, en el que González Amador admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos fiscales».

Como no hay prueba directa que sostenga esta tesis acusatoria, Rodríguez Ramos ha basado su convicción en que el redactor no ha mostrado sus comunicaciones por mensajería, pese a negar que en el juicio que el acusado fuera su informante. Una línea incriminatoria que ya plantearon ayer los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y que sostuvo en su auto de procesamiento el juez del Supremo Ángel Hurtado, encargado de investigar los hechos.

Para desmontar al testigo, el abogado del querellante sugirió que éste mintió en su declaración y que todo su relato exculpatorio de García Ortiz no se sostiene, incluso lanzó la posibilidad de que hubiera ocultado datos. Pese a ello, no reclamó deducir testimonio contra el periodista en caso de una sentencia condenatoria.

El abogado acusador también consideró «clave» que el fiscal general recibiese el correo filtrado en su dirección personal de Gmail, porque así «sale del circuito de trazabilidad del ministerio fiscal». Finalmente, mantuvo su teoría de que existió un complot en la cúpula del Ministerio Público y ha introducido también la existencia de una «alineación plena» con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una mención que hasta que la Sala de Apelaciones del Supremo que llevó el procedimiento a juicio ya eliminó del relato de hechos.

En síntesis, Rodríguez Ramos ha denunciado que con la filtración de la confesión de su cliente se dictó «una sentencia pública de condena» y aludió al «uso político» que hicieron los «rivales» de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según el abogado, se puso en marcha una «máquina de blanqueo» para que la Fiscalía pudiera hacer un comunicado usando ese correo sin exponerse a consecuencias porque, horas antes, ya había sido publicado por los medios. Es una conclusión que ha extendido a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y al exlíder de los socialista madrileños Juan Lobato.

«Se transmite que (González Amador) es un delincuente confeso, se tiene una sentencia popular de condena antes de que exista un procedimiento penal». Y la «cabeza» de esa supuesta estrategia por parte del Ejecutivo ha situado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló el abogado de la pareja de Ayuso.

El letrado de otra acusación popular, ejercida por el Colegio de Abogados de Madrid como institución, ha dicho que «está en solfa la credibilidad» del periodista de Eldiario.es que primero publicó la denuncia contra el novio de Ayuso. También ha insinuado «connivencia» de los periodistas con la Fiscalía General. Pese a que durante toda la vista no se ha puesto sobre la mesa ninguna prueba directa e indubitada que demuestre que García Ortiz es el autor de la filtración, el letrado del pseudosindicato Manos Limpias aseguró que hay «prueba directa» e intentó convencer al tribunal de que, además, existe «una pluralidad de indicios probados que permiten alcanzar una convicción plena».

Para mantener su tesis sobre el delito de revelación de secretos, el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha establecido un paralelismo argumental con un caso de violencia sexual: «Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador queden impunes». Sin embargo, la jurisprudencia del Supremo establece que, una vez revelado el secreto en los medios de comunicación, no se puede volver a revelar un secreto porque ya no hay secreto.