Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

El escrito y la posición de Anticorrupción ya está en manos del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa por el presunto amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes a cambio del cobro de mordidas. Unos hechos en los que Cerdán ocuparía un «papel director» como supuesto gestor del reparto del dinero por parte de las constructoras, según sostiene la investigación de la Guardia Civil, respaldada sin fisuras hasta la fecha tanto por la Fiscalía como por el juez.

El fiscal sostiene que desde que el exdiputado socialista entró en prisión a petición del propio Luzón «no se ha producido ningún hecho relevante en la instrucción de la causa», que está a la espera de los informes reclamados a los agentes de la UCO sobre el patrimonio del investigado. Del mismo modo, recuerda «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal», así como en el «papel director de Santos Cerdán en ella» y en el hecho de que la investigación aún está en fase «inicial».

También se ampara en la «posibilidad» de que Cerdán continúe «relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas», que «todavía» están «pendientes de identificar». Así las cosas, el fiscal considera que el ex 'número tres' del PSOE aún tiene capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad, lo que determina »la necesidad de mantener todavía la prisión provisional«.

En respuesta al argumento de la defensa de que se ha desvirtuado su presunción de inocencia, el jefe de Anticorrupción insiste en que la causa todavía se encuentra en fase de investigación, «en las que las referencias a la prueba y a la presunción de inocencia, propias del juicio oral, resultan impertinentes».

Luzón también rechaza que el exdirigente socialista diga que se estaba llevando a cabo una causa prospectiva en su contra. «Nada de lo que en esta causa especial se investiga concierne a hechos ajenos a la imputación de Santos Cerdán ni constituye una suerte de prospección o inquisición general acerca de su conducta pasada con relación a cualesquiera eventuales comportamientos diversos que pudiese haber protagonizado», señala.

Para el fiscal, los hechos que se imputan «están perfectamente delimitados y se refieren a su intervención, en connivencia con José Luis Ábalos y Koldo García, en una trama para obtener comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas, lo que, siempre en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional que resulta propio de la fase procesal en la que nos encontramos, podría constituir delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho».

En el marco del escrito, aprovecha también para reprocharle a Cerdán las «conjeturas» y las «impertinentes consideraciones políticas» plasmadas en los escritos de la defensa, que aducen que es víctima de una persecución política. El fiscal sostiene que la defensa ha presentado escritos de «contenido parcialmente extrajurídico» en los que «se conjetura sobre la existencia de supuestas irregularidades, se establecen comparaciones con otros procedimientos que ninguna relación guardan con el presente» y «se cita jurisprudencia inaplicable al caso».

Luzón también afea a Cerdán que atribuya «gratuitamente intenciones espurias a la unidad policial, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio magistrado instructor». Y le critica que diga que el Supremo está dirigiendo una investigación «general» contra «miembros de partidos políticos de modo indiscriminado». «Tan sostenible alegación no puede en modo alguno asumirse», responde el fiscal.

Ante la insistencia de Cerdán de rechazar la validez de las grabaciones intervenidas a Koldo, Luzón asegura que «no existe duda alguna» de que «fueron intervenidos previa autorización judicial» y que «no han sido manipulados ni tratados». En todo caso, ve «comprensible» el «empeño» de la defensa en «desacreditar las conversaciones grabadas, a la vista de su alto contenido incriminatorio».

«Sucede que no acaba de concretarse la razón de su impugnación: ¿son incompletas?, ¿están descontextualizadas?, ¿no se reconoce la intervención de Santos Cerdán en ellas?, ¿no se produjeron?, ¿son reales pero fueron ilícitamente obtenidas?, ¿no las grabó Koldo García o sí lo hizo pero siguiendo instrucciones de la Guardia Civil?, ¿las grabó acaso la propia fuerza policial o bien las manipuló después...? Suponemos que en ulteriores fases del procedimiento la defensa de Santos Cerdán decidirá por cuál de estos caminos que sucesiva y hasta simultáneamente explora desea seguir transitando», añade el jefe de Anticorrupción.