La campaña de las elecciones catalanas tensa la ya conflictiva relación entre PSOE y Podemos

«Las declaraciones que se puedan escuchar estos días tienen que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral» , sentenció ayer al portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. La advertencia le sirvó para quitar hierro a las últimas tensiones surgidas en la ya de por sí conflictiva relación entre PSOE y Unidas Podemos y, especialmente, para restar trascendencia a la afirmación de Pablo Iglesias de que no hay «normalidad democrática» en España vista la actuación de la Justicia contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Si ya eran habituales los choques entre las dos fuerzas del Ejecutivo, la cercanía de las elecciones catalanas los ha multiplicado, pero una y otra parte mantienen que no hay riesgo de ruptura. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró el lunes que discrepa «absolutamente» de las palabras de Iglesias sobre la democracia en España. Y la también vicepresidenta, pero del área económica, Nadia Calviño, remarcó ayer que no se corresponden «con la realidad». Sin embargo, tanto el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el mismo lunes, como la portavoz del Gobierno ayer rechazaron que haya que interpretarlas como un cuestionamiento institucional.

«Es más sencillo que le pregunten a él, pero quiero entender que esas declaraciones se enmarcan en la preocupación de mejorar la democracia, que es una tarea que nunca acaba», dijo Montero tras asegurar que nadie había pedido explicaciones al vicepresidente en la reunión del Consejo de Ministros. También Ábalos adujo el día anterior que el líder de Unidas Podemos «defiende la democracia», que hablar de anomalías no significa descalificarla y que por lo que en realidad aboga Iglesias es por «profundizar» en ella.

Los socialistas dan por hecho que una vez pasen los comicios su socio volverá a guardarse para sí cualquier alusión a los dirigentes independentistas condenados por el 'procés' como «presos políticos» y hasta entonces están dispuestos a aceptar sus codazos en esta u otras materias, a devolvérselos o incluso ser los primeros en propinarlos. Todo a riesgo de dar imagen de descoordinación, como ocurrió también el lunes con la reacción de ambos partidos a la orden de ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. En una carrera por apuntarse el tanto frente a los votantes progresistas y después de que se hiciera público un manifiesto de Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar y otros 200 artistas contra la resolución, la Moncloa anunció por su lado la intención del Gobierno de revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión y Unidas Podemos, por el suyo, la decisión de registrar en el Congreso de una proposición de ley ya articulada.

La formación de Iglesias cumplió este martes lo dicho y presentó un texto que plantea la derogación de varios delitos relevantes: el de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias a las instituciones del Estado y hasta el de enaltecimiento del terrorismo. Y en la misma comparecencia en la que desglosaron el contenido de su iniciativa, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el portavoz adjunto, Enrique Santiago, retaron al PSOE a apoyar su tramitación por la vía de urgencia.

La exigencia pilló en fuera de juego a los socialistas. El secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, admitió que no había leído la propuesta (que también vinculó con la campaña) y María Jesús Montero evitó ofrecer una respuesta clara pero acabó aduciendo que las reformas del Código Penal deben tener una vocación de durabilidad y concitar amplios consensos y que, en su opinión, lo lógico sería que una reforma de este calado se tramite como proyecto de ley del Gobierno, con su trámite de audiencia pública y los correspondientes informes de los órganos consultivos.

El tira y afloja sobre este asunto se suma a los ya preexistentes. En los últimos días, PSOE y Podemos han escenificado discrepancias de fondo sobre cuestiones de largo recorrido, como la autodeterminación de género recogida en el borrador de la 'ley trans' del Ministerio de Igualdad, y batallas más coyunturales, como las que afectan a la futura ley de vivienda o las ayudas directas a las empresas de afectadas por las restricciones contra la covid-19.

A Unidas Podemos le interesaba que la ley que regulará los alquileres se aprobara antes de las elecciones, como por otro lado constaba en el compromiso adquirido por ambas partes durante la negociación de los Presupuestos. Los de Iglesias acusan al ministro Ábalos de ocultar el borrador del proyecto, que presumen poco ambicioso, para no resultar penalizado en los comicios y éste se defiende alegando que antes de negociarlo con otro departamento debe ser discutido por los propios técnicos de su Ministerio.

En el capítulo de agravios, Podemos también cuenta la decisión del PSOE de presentar en solitario su ley de igualdad de trato; una norma que ayer incluyó en el pleno de la próxima semana.