Cataluña no saldrá del régimen común ni hará toda la campaña de la renta en 2026

Cataluña tendrá una financiación singular, que será generalizable al resto de autonomías. Este es el compromiso. El Ejecutivo catalán, en un plazo no establecido, recaudará, gestionará y liquidará todos los impuestos. La Administración autonómica pagará por los servicios que el Estado cubre en la comunidad (cifra no detallada), hará una contribución a la solidaridad entre territorios (aún no se sabe cuánto) y recibirá una financiación adicional por sus singularidades (por determinar). Se acabará con el actual pago de adelantos a cuenta.

El acuerdo establece que ambos gobiernos «trabajarán para el despliegue de la hacienda catalana». La agencia tributaria catalana asumirá «progresivamente» la gestión del IRPF. Este compromiso está muy lejos de poder hacer la campaña de la renta ya el año que viene, como pretendía ERC. Para llevar a cabo la gestión de la misma al completo, el fisco catalán necesita pasar de los 800 funcionarios que tiene actualmente a 4.500. Serán precisos años. Mientras tanto, las dos administraciones trabajarán en red.

La viabilidad del nuevo modelo queda supeditada a los cambios normativos, que necesitan una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es necesario reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la ley de cesión de tributos.

Cataluña no saldrá del régimen compartido con el resto de comunidades, salvo las forales del País Vasco y Navarra. La Generalitat ganará más autonomía y contará con ámbitos de relación bilateral con el Estado, pero seguirá participando en los órganos multilaterales como el consejo de política fiscal y financiera.

Es un elemento clave para ERC. Este principio aparece en el documento del acuerdo, pero en la parte del preámbulo. Asegura que «Cataluña considera que la aportación a la solidaridad (por parte de la Generalitat) ha de ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos, y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe la ordinalidad en el resultado final». Es decir, la intención del Govern es que Cataluña quedará en la misma posición en cuanto a recepción 'per capita' de recursos tras hacer su aportación a la caja común. El Gobierno y el Govern tratan de desmarcarse del modelo vasco incluyendo «elementos de solidaridad» entre autonomías.

El Estado reconoce la «singularidad» de Cataluña y la necesidad de dotarle de una «financiación adicional para sus competencias específicas» y «no homogéneas», como son las prisiones, la policía, la lengua o la propia gestión tributaria. Esta singularidad puede ser generalizable en un modelo federal, según el acuerdo. La singularidad de cada autonomía se tendrá en cuenta a la hora de calcular el reparto de recursos.

En todo el documento suscrito por las dos administraciones no aparece ninguna. No hay compromisos temporales. Ni siquiera una previsión de calendario. Ni en público ni en privado. Pero estamos hablando de años.

La mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno es muy débil. El ministro Torres insistió en que todo cambio normativo debe pasar por el Congreso. Junts, BNG, Compromís y también Podemos, podrían desmarcarse, por lo que el acuerdo quedaría en papel mojado.