Españoles, Franco ha muerto: La libertad a la que abrió paso el 20-N

Cuando en enero de 1974 Franco se decantó por Carlos Arias Navarro para suceder a Carrero, la marejada política interna ya se había sustanciado en, al menos, tres alternativas ante la inminencia del 'hecho biológico': una vía inmovilista, también denominada 'búnker', que proponía mantener incólume el sistema bajo 'la Monarquía del 18 de Julio', encarnada en Juan Carlos de Borbón; una vía aperturista tendente a ampliar los apoyos sociales del Régimen mediante modificaciones aisladas que lo acomodasen al panorama internacional, pero manteniendo su naturaleza autoritaria; y una vía reformista que planteaba una transición a la democracia tomando como base la legalidad vigente, haciendo borrón y cuenta nueva con el pasado y atrayéndose a la oposición democrática.

Personalizado el 'búnker' en figuras como José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o Raimundo Fernández Cuesta, entre los aperturistas de entonces suele citarse a Antonio Carro, Cruz Martínez Esteruelas y Licinio de la Fuente, mientras que el reformismo quedaría reservado a Manuel Fraga, Pedro Cortina, Pío Cabanillas y Marcelino Oreja, entre otros. La oposición política, entretanto, no se apeaba de su apuesta rupturista: ni el PSOE, abocado a solventar la dolorosa fractura entre los veteranos socialistas del exilio y las jóvenes generaciones del interior, circunstancia que resolverá en favor de estas últimas con la elección, en el Congreso de Suresnes (octubre de 1974), de Felipe González como secretario general; ni el PCE, liderado por Santiago Carrillo, fuerza hegemónica en la lucha antifranquista que, además de promover, desde mediados de los años 50, la política de «reconciliación nacional» y asumir las tesis del eurocomunismo, en 1974 impulsará la Junta Democrática como plataforma unitaria para lograr la ruptura democrática y formar un gobierno provisional.

Lejos de ser una operación fraguada y calculada de manera exclusiva por las elites reformistas, la transición a la democracia estuvo condicionada por la creciente contestación política y social. Cabe recordar, por ejemplo, la gran huelga en los astilleros de El Ferrol, en 1972, en la que murieron dos obreros en choques con las fuerzas policiales, o la de San Adrián de Besòs, al año siguiente, con otra víctima mortal entre los huelguistas. También las 47 muertes atribuidas a ETA entre 1968 y 1975, la fuerza de Comisiones Obreras en su estrategia de boicotear desde dentro el sindicato vertical, la oleada de huelgas universitarias o el paulatino despegue de la propia Iglesia católica respecto del nacionalcatolicismo, como lo demostraron la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que llegó a pedir perdón por la parcialidad de la Iglesia durante la Guerra Civil, o el escándalo causado por la pastoral del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, en la que pedía respeto a la identidad cultural y lingüística del País Vasco en un panorama de libertad general en España

Ya entonces, aquel 'espíritu del 12 de febrero' con el que Arias inició su mandato, pretendidamente aperturista por cuanto proponía avanzar hacia la legalización de las asociaciones políticas, había comenzado a desinflarse al saberse que aquellas habrían de sujetarse, obligatoriamente, a la fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento. No deja de ser sintomático que solo siete asociaciones salieran adelante bajo el paraguas de la legalidad franquista: la Unión del Pueblo Español, presidida por Adolfo Suárez; el Frente Nacional Español de Raimundo Fernández Cuesta; la Unión Nacional Española de José María de Oriol y Gonzalo Fernández de la Mora; el Frente Institucional de Ramón Forcadell; Reforma Social Española, con Manuel Cantarero del Castillo al frente; la democristiana Unión Democrática Española, de Federico Silva Muñoz, y la inclasificable Asociación Proverista, de Manuel Maysounave.

A sus 81 años, Franco, doblegado por la enfermedad de Parkinson, veía cómo todo se iba complicando a su alrededor: la inflación y los precios desbocados, una contestación política y social cada vez más extendida, el impacto de las ejecuciones de Salvador Puig Antich y del delincuente alemán Heinz Chez, ambos a garrote vil, el derrumbe de la dictadura portuguesa, el 25 de abril, merced a una revolución pacífica liderada por los militares, a la que poco después seguiría la dictadura de los Coroneles en Grecia, y, para colmo, una escalada de violencia etarra que en septiembre de 1974 provocó trece muertos y setenta y un heridos al colocar un artefacto explosivo en la cafetería Rolando.

Al Gobierno de Arias también se le ponían las cosas difíciles: amenazado públicamente por Girón con un estruendoso artículo publicado el 29 de abril en el diario 'Arriba', en el que criticaba sus pretensiones aperturistas, ello provocó la salida del reformista Pío Cabanillas , ministro de Información y Turismo y, en solidaridad con él, de Antonio Barrera de Irimo, titular de Hacienda, y otros altos cargos como Francisco Fernández Ordóñez, Juan José Rosón, Marcelino Oreja o Ricardo de la Cierva. Era el fin definitivo del 'espíritu del 12 de febrero', certificado, a su vez, con la aprobación de un Estatuto de Asociaciones Políticas que exigía un mínimo de 25.000 miembros y presencia en quince provincias, además de dejarlas bajo el control del Consejo Nacional del Movimiento. Ni siquiera Fraga, Areilza, Silva Muñoz y Cabanillas, considerados entonces los más idóneos para impulsar una asociación política de inspiración reformista, se sumaron a la apertura del presidente, toda vez que su Estatuto suponía dejar fuera a la oposición política e invalidar cualquier posible convocatoria electoral pretendidamente democrática.

Una oposición que, animada por los casos griego y portugués, potenció los organismos unitarios y reiteró su apuesta rupturista. A la ya citada Junta Democrática, creada en París a instancias del PCE con participación de los monárquicos de don Juan, socialistas de Tierno, maoístas del PTE, carlistas y sindicalistas de CC OO, se sumará, ya en 1975, una Plataforma de Convergencia Democrática impulsada por PSOE y UGT junto con los socialdemócratas de Ridruejo (USDE), los democristianos de Ruiz-Giménez, varios partidos vascos, incluido el PNV, y algunas formaciones moderadas de Valencia y Galicia. Junta y Plataforma coincidían en reclamar la ruptura democrática y la amnistía, la formación de un gobierno provisional, la legalización de todas las fuerzas políticas, el restablecimiento de los derechos y las libertades, la autonomía para las regiones y la celebración de un referéndum para que los españoles eligiesen la forma definitiva del Estado.

El último año de vida de Franco vino plagado de graves contratiempos para los partidarios de preservar las esencias del Régimen ante el inevitable 'hecho biológico'. La situación económica se había deteriorado gravemente, la conflictividad estudiantil llegó a tales extremos que hasta la Universidad de Valladolid, de modestas dimensiones, fue cerrada por orden gubernativa tras varias semanas de altercados, el terrorismo de ETA, GRAPO y FRAP golpeó como nunca (34 víctimas mortales entre enero y octubre de 1975), colectivos diversos intensificaron su contestación contra la dictadura, desde vecinales y eclesiásticos hasta actores de teatro y colegios profesionales, y la conflictividad laboral, alentada por la victoria de CC OO en las elecciones sindicales, batió su récord con 4.690 conflictos colectivos, 604 manifestaciones, 391 concentraciones, 535 asambleas y 138 encierros.

Tan claro como que el grueso de la sociedad española, según los sondeos de opinión, anteponía la paz y las libertades democráticas a cualquier veleidad extremista o revolucionaria, era que la presión de los colectivos antifranquistas no iba a permitir una transición falsa, controlada por las elites involucionistas. Para colmo, el fracaso del reformismo de Arias, combinado con su actividad represiva, parecía dar la razón a quienes sostenían que la evolución democrática del Régimen era imposible.

El otoño de 1975 fue especialmente crítico. Las cinco ejecuciones del 27 de septiembre (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Gravo y Ramón García Sanz del FRAP, y Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi de ETA) desencadenaron la furia de la izquierda europea, las protestas de muchas democracias y la solidaridad del propio Vaticano con las víctimas y sus familiares, lo que fue contestado por el Régimen con una masiva manifestación en la Plaza de Oriente, el 1 de octubre, en la que Franco, en su última aparición pública, no decepcionó: «Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece», dijo. El declive físico del dictador se aceleró. El 12 de octubre sufrió una afección gripal, cinco días después tuvo que asistir al Consejo de Ministros con electrodos y vigilancia médica, y el día 22 una insuficiencia coronaria aguda anunciaba el final.

Mientras el dictador agonizaba debido a una hemorragia digestiva que el 3 de noviembre le obligó a pasar por el quirófano, el rey Hassan II de Marruecos lanzaba la Marcha Verde para anexionarse el Sáhara Occidental. La crisis del régimen era una evidencia. Los españoles siguieron la larguísima enfermedad de Franco con una mezcla de expectación, inquietud y cierto morbo. Acompañado por el brazo incorrupto de Santa Teresa y cubierto con el manto de la Virgen del Pilar, el 20 de noviembre de 1975, moría en la cama del Hospital de La Paz y el tiempo histórico en España se aceleraba. El dilema político ya no era entre inmovilismo o aperturismo, sino entre reforma o ruptura, y habría de resolverlo la monarquía de Juan Carlos I.

Tres factores contribuirían al logro de la transición: el avance de la transformación social y económica desde los años 60, pues creó condiciones de estabilidad y prosperidad y favoreció la creación de una amplia clase media partidaria del restablecimiento de la democracia sin revanchismos ni involucionismos; la sensación de que la dictadura española era algo anacrónico en Europa, más aún tras la caída de los regímenes griego y portugués; y el buen acoplamiento de los intereses que movían a los principales protagonistas: el Rey con su voluntad de preservar la monarquía, los reformistas del Régimen con su propuesta de transitar sin estridencias hacia una democracia a la europea, y el pragmatismo de las principales fuerzas de la oposición, que antepusieron el restablecimiento de las libertades a otras consideraciones maximalistas y doctrinarias.

La disyuntiva sobre el futuro del sistema político español, acelerada tras el 20-N, intensificó más si cabe la presión social en las calles, que siguió erigiéndose en auténtico condicionante de las operaciones políticas que venían fraguándose. No conviene olvidar que en el primer trimestre de 1976 se produjo una verdadera explosión de huelgas (17.371 entre enero y marzo) que afectaron a fábricas, servicios públicos, centros educativos e incluso al cine y al teatro, a lo que había que sumar las movilizaciones a favor de la amnistía y de la autonomía de las regiones, las múltiples demandas de colectivos vecinales y ecologistas, y el terrorismo etarra y de extrema derecha.

Uno de los hechos más tristes se produjo en marzo, cuando cinco trabajadores resultaron muertos en Vitoria como consecuencia de la represión policial de una huelga. Los conflictos se repetirían con dureza en el verano y en septiembre de 1976, coincidiendo con nuevos atentados de ETA y demandas autonomistas en Cataluña. Además, a finales de octubre la oposición crearía una Plataforma de Organismos Democráticos, que seguía preconizando la ruptura.

Lo cierto es que cuando en junio de 1976 don Juan Carlos forzó el cese de Arias Navarro, ya se hablaba del protagonismo político de 'los hombres del rey'. Se trataba de reformistas del Régimen que, como Torcuato Fernández-Miranda (presidente de las Cortes), José María de Areilza (ministro de Asuntos Exteriores), Alfonso Osorio (ministro de la Presidencia) o Adolfo Suárez (ministro secretario general del Movimiento), eran partidarios de la paulatina sustitución del sistema por una democracia homologable al entorno europeo.

La estrategia, que Fernández-Miranda popularizó con la famosa frase 'ir de la Ley a la Ley', pasaba por allanar el camino para que el rey nombrara a Suárez presidente del Gobierno, iniciar conversaciones discretas –cuando no secretas– con la oposición, atrayéndose a la más moderada para involucrarla en su propuesta de «reforma pactada», crear una plataforma centrista (la futura UCD) con líderes que controlaban los resortes del sistema para presentarse a las elecciones y mantenerse en el poder, y resolver el dilema entre reforma o ruptura mediante un procedimiento evolucionista que posibilitara, no obstante, romper con la dictadura.

En definitiva, un procedimiento respetuoso con las Leyes Fundamentales franquistas pero que conduciría, a la vez, al desmontaje de la dictadura y a la convocatoria de elecciones democráticas a Cortes Constituyentes. Esa fue la esencia de la llamada Ley para la Reforma Política, que Suárez presentó por televisión a principios de septiembre. Anunciaba elecciones democráticas y la creación de un sistema parlamentario bicameral que se encargaría de redactar una Constitución. Defendida en las Cortes por Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de Falange, la ley fue aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Es lo que popularmente se ha denominado 'harakiri de las Cortes franquistas', pues, con su aprobación, los procuradores ratificaron su propia disolución. Sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, obtuvo una aprobación mayoritaria, pese a que la oposición propugnó la abstención: participó el 77,4% del censo y fue respaldada por el 94,4%, con tan solo un 2,6% de votos negativos.

De cara a la opinión pública, la reforma política estaba asegurada. Lo que vino después es sobradamente conocido. Las principales fuerzas de la oposición no solo aceptaron los acontecimientos, sino que en el primer trimestre de 1977 negociaron con el Gobierno de Suárez las condiciones que permitiesen el pleno desarrollo democrático del país, lo que pasaba por ampliar la amnistía, legalizar todos los partidos políticos –incluido el comunista, que, a cambio, aceptaría la monarquía y la bandera nacional–, y sacar adelante una ley electoral. Las primeras elecciones democráticas, celebradas en junio de 1977, dieron la victoria a Suárez y a la UCD y corroboraron, ya sí, el retorno de la democracia en España.