El Gobierno afronta una crisis múltiple con la justicia en áspero pulso por la amnistía

Ese, el de las negociaciones de calado, es el ecosistema natural de Bolaños, del que viene a apuntarse, a renglón seguido de lo dicho sobre Llop y antes incluso sobre Juan Carlos Campo, que siempre ha sido él quien ha controlado los resortes del Gobierno que tienen proyección sobre el ámbito jurídico. Pero al 'superministro' que ya tenía entre sus atribuciones las de la Presidencia y las Relaciones con las Cortes estuvo a punto de caérsele la cartera, metáfora involuntaria del peso que va a tener que gestionar. «Lo tiene complicado», resume una correligionaria que sabe lo que es lidiar con la justicia.

Hay visiones no unívocas sobre la profundidad de los problemas que reta al Ejecutivo. Interpretaciones que basculan entre la acusación cruda contra el presidente Sánchez de estar forzando al límite las costuras del Estado de Derecho con la ley de amnistía, el resto de los pactos con los independentistas y otras decisiones previas y, de otro lado, la consideración de que «la derecha judicial» se excede; en especial, sostienen esas voces, el bloque mayoritario hoy en el CGPJ bloqueado por el cisma PSOE-PP, cuyos vocales denunciaron la amnistía, antes de desvelarse su literalidad, calificándola como un mero «mercadeo» para amarrar la investidura del líder del PSOE y contra los que se acaba de querellar Sumar, en un paso que ha provocado el primer disenso en el Gobierno recién formado.

Pero en lo que sí confluyen valoraciones unánimes es en que, habiendo habido otros trances peliagudos en las relaciones entre poderes en democracia, «nunca» se había desatado una crisis entre el Ejecutivo y el Judicial con tantos frentes abiertos. Bolaños es el encargado de colocar los sacos terreros en una trinchera atacada desde el flanco de la contestada amnistía y del 'lawfare' –la imputación por el independentismo a los tribunales españoles de perseguirlo por espurias motivaciones políticas–, pero no solo: los desafíos, como francotiradores, alcanzan a la renovación pediente del CGPJ y se entremezcan con los efectos de medidas ya adoptadas que están generando cuitas en bucle. «Todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo», advirtió en su toma de posesión, a modo de aviso a los navegantes del ámbito judicial, el nuevo titular de la cartera ministerial.

La amnistia ha desembocado, más allá de la dura declaración que los vocales conservadores del CGPJ forzaron en un pleno extraordinario a principios de noviembre, en una revuelta generalizada entre jueces y fiscales. Y no solo en lo que se refiere al contenido normativo de la ley, cuya tramitación parlamentaria lleva camino de irse al nuevo año toda vez que el PP va a utilizar su fortín en el Senado para ralentizarla todo lo que pueda; y que anticipa un largo y áspero pulso con el Supremo, la Audiencia Nacional y otros tribunales, con la posible interposición ante el TC de cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a los potenciales beneficiados por el olvido de los delitos asociados al 'procés' y cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Con todo, si el movimiento de togas supera los contornos de la amnistía es por el detonante que ésta ha supuesto para que el PSOE, en su pacto con Junts pero también en la concreción de la ley –en tanto que prevé la exculpación de colaboradores del expresident Puigdemont con imputaciones no enlazadas estrictamente con la intentona separatista–, asuma la existencia del 'lawfare'. A las asociaciones de jueces y fiscales les ha resultado tan insoportable que desde un partido de Estado se aliente la hipótesis de una actuación deliberadamente perversa contra el secesionismo como para oponerse, todas a una, a esa reescritura del relato del 'procés'. Y aunque hay magistrados que objetan que la denuncia de que Sánchez invade «la separación de poderes» precisa de una argumentación que no sea inmiscuirse «en un pacto entre partidos », la reacción de la Judicatura h dejado escenas como la de la movilización ante el Tribunal Superior vasco que no se veía desde una tragedia como el asesinato por ETA de José María Lidón.

Lo que singularmente solivianta a los togados es el acuerdo entre los socialistas, que rebajan su alcance, y los de Puigdemont para que las conclusiones de las comisiones de investigación que van a impulsarse esta legislatura en el Congreso –sobre el espionaje con Pegasus, la llamada 'operación Cataluña' y los atentados yihadistas del 17-A– fiscalicen la actuación del Estado y se tegan en cuenta al aplicar la amnistía. Las distintas fuentes consultadas sostienen que no cabe, a pie de legislación constitucional, que el Poder Legislativo cite a jueces para que den explicaciones ante él. Pero también recuerdan, con inquietud, que los independentistas ya han intentado, de momento sin éxito, que comparezca en su propia comisión en Cataluña sobre Pegasus el magistrado del Supremo Pablo Lucal, al que compete autorizar algo tan delicado como la intervención de las comunicaciones por el CNI ante posibles delitos.

Por si el cuadro no estuviera ya lo suficientemente enredado, al Gobierno le están reventando dos complicaciones que arraigan en decisiones previas muy polémicas. Una, los recelos afianzados en la Fiscalía ante la conversión fulminante de la ministra de Justicia Dolores Delgado en fiscal general del Estado y su relevo en 2022 por alguien tan afín a ella como Álvaro García Ortiz. Y la segunda, la propuesta que situó en el TC al exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez, colaboradora de Bolaños en Moncloa, y que planea ahora sobre el futuro constitucional de la amnistía.