Podemos y los nacionalistas llevan la cooficialidad del asturiano al Congreso de los Diputados

Del mismo modo, reclaman poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y que se permita el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación. Entre ellas, citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española. La iniciativa parlamentaria para su debate en el Pleno del Congreso, detalla Europa Press, también exige que se garantice el deber de conocer la lengua propia de los funcionarios que presten servicio en dichos territorios. Los diez grupos firmantes de la iniciativa explican en su PNL que España debe cumplir con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos. Declaraciones, todas ellas, que en diferentes momentos han alertado de la frágil situación de la lengua asturiana, que desaparece lentamente con el declive de la zona rural.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, la asturiana Sofía Castañón, explica que esta PNL busca «la defensa de los derechos de los hablantes, de las distintas lenguas del Estado», pues son derechos fundamentales. «Eso nunca es merma para los derechos de otros. Reconocer, dignificar nuestra diversidad lingüística nos hace un país mejor, nos describe de un modo más cierto y es de una riqueza cultural innegable», remachó. En esta línea, exhortan al Congreso para que se garantice la diversidad lingüística y el pluralismo, dado que el Estado «debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística». La proposición recoge que «este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos», por lo que las formaciones firmantes demandan que se inicien todas las acciones pertinentes para que las lenguas propias distintas al castellano «gocen del mismo reconocimiento», y sus habitantes «de los mismos derechos y deberes que reconocen al castellano». De salir adelante, una declaración del Congreso en ese sentido no tendría ningún efecto vinculante, pero sí supondría un gesto importante que pesaría en la posición del PSOE en Asturias.

La proposición aborda algunos elementos que están a debate en Asturias, como el de la presencia del asturiano en la Administración y la obligación o no de los funcionarios de aprender el asturiano. Porque en su proposición, los partidos firmantes reclaman que se garantice el «deber de conocimiento por parte del funcionariado que presten servicios en territorios con lengua propia, así como las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas de los respectivos territorios». También instan a «asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otros, en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria, o la Seguridad Social». Criterio que extienden, a su vez, a otras empresas o entidades públicas como RTVE. Y todo en un momento en el que la Ley Celaá, recientemente aprobada con la oposición de toda la bancada de la derecha, también da un espaldarazo al uso de las lenguas propias de cada comunidad como lengua vehicular de la educación.

Junto al impulso de reformas estatutarias en aquellos territorios con lengua propia sin rango de cooficialidad, los partidos firmantes de la PNL piden que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el «reconocimiento internacional» de estas lenguas en «paridad con el castellano». De esta forma, han llamado a poner fin a la «imposición legal exclusiva» del castellano en la normativa estatal, que afecta «de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado». Frente a ello, exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta «discriminación» y fomente el conocimiento de otras lenguas. Finalmente, instan a que se permita el uso administrativo de las distintas lenguas, «entre territorios del mismo espacios lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas» y que se suscriban acuerdos «para la recepción recíproca de los medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos».