El PP apoya una petición de Vox para que el Tribunal de Cuentas fiscalice el «coste de la inmigración ilegal»
«No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia», argumenta la diputada popular María Pilar Alía
La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una solicitud de Vox, con el apoyo del PP, para pedir a ... este organismo un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración «ilegal» y a los menores migrantes no acompañados. La iniciativa de Vox ha contado con 20 votos a favor (PP y Vox), 15 en contra (PSOE y los socios de investidura) y ninguna abstención.
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El diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que ha defendido la iniciativa, ha argumentado que «cada año, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global» porque «nadie se atreve a dar cifras». «La inmigración ilegal adopta muchas formas: la entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito. Todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley, y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa», ha destacado Aizcorbe.
Por el lado del PP, la diputada María Pilar Alía ha insistido en que su partido defiende una política migratoria «ordenada, legal y mutuamente beneficiosa» y también «bien gestionada y eficaz». «No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia porque no hay nada que ocultar», ha señalado.
En el sentido contrario, el socialista Pedro Manuel Martín ha afirmado que ya existe un «control exhaustivo» sobre las ayudas y subvenciones destinadas a la inmigración y ha calificado la iniciativa de Vox como «una vuelta de tuerca más» para que cale en la ciudadanía la idea de que «el dinero de los españoles se les da a los que vienen de fuera».
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Más duro fue el Grupo de la Izquierda Confederal, que tacha la solicitud como «racista». «Nadie es ilegal por migrar. Se puede estar en situación administrativa irregular, nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia. Ser pobre no es un delito», afirman desde este grupo.
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