El Principado espera que Hacienda ofrezca soluciones al impago del IVA en el Consejo de Política Fiscal

El Gobierno del Principado no renunciará a los 75 millones de IVA que le adeuda el Estado como consecuencia de la liquidación de 2017 y, tal y como viene reiterando en las últimas semanas, no descarta acudir a los tribunales si antes «no dan resultado» las vías política y administrativa que, todo hace indicar, el equipo de Adrián Barbón parece dispuesto a agotar. Tras las primeras respuestas negativas por parte del Ministerio de Hacienda a las reclamaciones de las comunidades autónomas para el pago del IVA pendiente de cobro, el Principado tiene la mirada puesta en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para este viernes. «Se prevé que en este foro se aborde este debate y se valorarán después los pasos a seguir», respondió la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La también consejera de Derechos Sociales incidió en este sentido en que el Principado no renunciará a este montante y será «beligerante» ante el Gobierno de Pedro Sánchez, igual que lo fue ante el Gobierno de Mariano Rajoy, como «muestra de coherencia» en la defensa de los intereses de la región. No obstante, quiso puntualizar que el origen de esta problemática está en la «decisión unilateral» del PP de reformar el sistema de liquidación del IVA en la pasada legislatura y en la «ausencia de soluciones» aportadas en aquel momento.

La portavoz del Gobierno pidió también «especial sensibilidad» hacia las comunidades autónomas en el debate sobre flexibilidad de los objetivos de déficit que previsiblemente también se abordará el viernes en el citado Consejo de Política Fiscal. En esta reunión está previsto que se revisen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados en 2017 para 2020, y que se fijen los objetivos para el periodo 2021-2023. Desde Asturias se celebra que se aborde esta cuestión en el mes de febrero y no en junio, como venía siendo habitual, ya que permite a las comunidades planificar el escenario presupuestario con meses de antelación.