El Principado investiga sobrepagos de 24.236 euros a una empresa editora del BOPA

El Gobierno del Principado denunció por la vía penal y administrativa, así como ante el Tribunal de Cuentas, los presuntos sobrepagos realizados a una de las empresas encargadas de editar el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) que, según el informe provisional del órgano fiscalizador, pudieron ascender a 24.236,01 euros entre los años 2015 y 2017.

La paradoja de la historia la daba a conocer ayer el propio Gobierno regional y es que, quien en su momento advirtió de las presuntas irregularidades, la actual consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, entonces directora general de Participación Ciudadana, se ha visto salpicada por los hechos. El Tribunal de Cuentas la considera una de las personas responsables del control de esos recursos públicos y le pide una fianza de 23.000 euros. La actual portavoz del Gobierno ha decidido recurrir esa liquidación provisional, para lo cual deberá previamente adelantar la fianza. El Ejecutivo regional, que informaba ayer de lo ocurrido a través de una nota de prensa, mostró su respaldo al proceder de Álvarez y elogió «su compromiso con la mejora del servicio público».

Facturas demasiado altas

Los hechos se remontan a 2018, cuando Álvarez ordenó una investigación en relación al servicio que venía realizando una empresa externa encargada de editar el BOPA al entender que se estaban abonando facturas demasiado altas por esta labor. Inspección General de Servicios resolvió en abril de 2019 que, si bien el pliego del contrato de servicios señalaba que el abono debía realizarse «en función de los caracteres de cada página», se estaba facturando haciendo una media de caracteres por página. Y este proceder, que se realizó en dos periodos (2010-2012 y 2015-2017) aumentaba el precio.

Inspección General de Servicios propuso presentar una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito y, en paralelo, comunicar los hechos al Tribunal de Cuentas para que considerase la posible existencia de responsabilidad contable por alcance. Tal y como informan desde el Principado, en ambas instancias la denuncia se dirigió contra el jefe de sección, responsable de comprobar la corrección de las facturas.

La vía penal siguió su camino. La Fiscalía presentó su denuncia, que se tramita en un juzgado de Oviedo. El Principado ejerce las acciones oportunas como perjudicado y le corresponde actuar como acusación particular. Aparte, se ha iniciado un proceso administrativo: el contrato con la empresa no se ha liquidado, no se han completado todos los pagos y se ha requerido a la empresa para que pague las cantidades indebidamente percibidas desde 2015, procedimiento suspendido a la espera de la resolución judicial.

Dos criterios

De forma paralela, un consejero del Tribunal de Cuentas dictó un auto que ordenaba que las actuaciones se refirieran al primero de los períodos (2010-2012), no al segundo. «La razón es sencilla: respecto a 2015-2017 no se ha producido perjuicio a los fondos públicos», explican desde el Principado. Más tarde, añaden, las actuaciones se remitieron a una delegada instructora de este mismo órgano que, el 30 de septiembre, concluyó la liquidación provisional. Pero, contra lo argumentado inicialmente por el consejero, se refiere al período 2015-2017.

La liquidación incluye a la ahora consejera de Bienestar Social, Melania Álvarez, y a otros cinco funcionarios con responsabilidades administrativas o económicas en aquel momento en el área de Presidencia. Todas esas personas deben depositar una fianza provisional que, en el caso de la hoy consejera, se eleva a 23.000 euros. El Gobierno del Principado respalda su actitud y valora especialmente que denunciara los hechos. «Tal conducta es una prueba de compromiso y determinación con la mejora del servicio público», recoge el escrito hecho público ayer por el Ejecutivo regional.