El Principado se mantiene con el impuesto de Sucesiones más elevado de España

Una persona que herede bienes por valor de 800.000 euros de su padre o madre en 2020 pagará en Asturias algo más de 103.000 euros por el impuesto de Sucesiones. Si vive en Madrid abonará al fisco algo menos de 1.600 euros y, si reside en las vecinas Cantabria y Galicia, la herencia le saldrá gratis. Si esa misma persona recibe de su progenitor una donación en vida de 800.000 euros deberá abonar 176.700 euros en el caso de que resida en Asturias, 2.000 euros si vive en Madrid y nada si lo hace en Cantabria. Los cálculos recogidos en el 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020', presentado ayer por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), dejan patente la brecha tributaria existente en las figuras de Sucesiones y Donaciones entre unas comunidades y otras. Pero también la situación de Asturias, la región que se mantiene con el impuesto de Sucesiones más alto, la cuarta región más 'cara' si hablamos de Donaciones y, en general, la de mayor presión fiscal del norte de España al descartar rebajas fiscales que ya aplican las comunidades vecinas.

En pleno debate sobre la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas que defiende el Gobierno del Principado, y que quiere impulsar el Ministerio de Hacienda para acabar con la competencia entre comunidades, el informe anual del Consejo General de Economistas de España no hace más que echar leña al fuego. Del documento se extrae que lo que un español paga al fisco en concepto de Sucesiones -ante una herencia de 800.000 euros de los que 200.000 euros correspondan a la primera vivienda- puede oscilar entre los 0 y los 100.000 euros según la autonomía en la que residiera el fallecido. El diferencial es más amplio en Donaciones, donde la horquilla para una cesión en vida de 800.000 euros a un hijo va desde los 200.122 euros que se pagarían en Castilla y León o Extremadura, a los cero de Cantabria.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ve «inaplazable» la reforma de la financiación autonómica. Sin embargo, sobre la armonización que prevé implantar el Gobierno opina que los «gobiernos federados» deben tener «libertad para adaptarse» y debe haber una competencia fiscal «lo más transparente posible, que complique lo mínimo la vida al contribuyente y a la economía».

El documento referido a 2020 realiza también un análisis detallado de los 70 impuestos propios autonómicos que, en palabras de Valentín Pich, conforman una auténtica «jungla inexplorable». Los economistas piden por ello cierta armonización en los conceptos con el objetivo de establecer un patrón común entre comunidades. Pero también advierten de la conveniencia de que, antes de crear un nuevo impuesto, se realice un análisis del coste-beneficio, ya que en algunos casos los costes de su establecimiento, gestión y litigios superan la recaudación.

Los impuestos propios de las comunidades recaudaron en su conjunto en 2018 solo el 2,1% del total de ingresos tributarios de las autonomías, hasta los 2.364 millones de euros. En Asturias, la recaudación por tributos propios (algo más de 88 millones) supone el 3,4% de la recaudación tributaria obtenida, siendo el impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua (antes, canon de saneamiento) el tributo que más recaudación aporta, algo más de 70,6 millones de euros.

El impuesto que más ha visto incrementado su recaudación en 2018 es el de los premios del bingo, un 8,9%, mientras que el gravamen que se aplica a las actividades que inciden en el medio ambiente reduce su recaudación en un 14,2% el último año analizado, si bien solamente representa el 2,5%.