PP y Ciudadanos, tajantes: No apoyarán un estatuto que recoja la oficialidad
El Gobierno ha citado hoy a todos los grupos parlamentarios -menos Vox- uno a uno para trasladarles su propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. El Partido Popular ha sido el que mayores objeciones ha puesto a la propuesta. Una línea roja que no están dispuestos a traspasar: la oficialidad. La presidenta de la formación, Teresa Mallada, afirmó al término del encuentro que «si Adrián Barbón retira la oficialidad, mañana tiene un acuerdo con el PP». Esto no quiere decir que asuman el resto de puntos, pero sí que serían negociables.
La portavoz popular reiteró que habían acudido a la cita «por cortesía» y que así lo seguirán haciendo porque «es la responsabilidad como principal partido de la oposición», pero insiste en que este asunto «no es una prioridad». Con su oferta cree que «nos centraríamos en tiempo razonable en lo importante, que es centrarnos en la recuperación económica». Teresa Mallada estuvo acompañada del secretario general del PP, Álvaro Queipo, y el diputado Pablo Álvarez-Pire. Del resto de punto, como la disolución de las o la capitalidad de Oviedo, no desdeñan la posibilidad de llegar a un acuerdo. Siempre, con la premisa de partida de la que parten en estas negociaciones.
La tarde arrancó con la reunión del Gobierno con el grupo parlamentarios de Ciudadanos. La respuesta fue en una línea similar a la expresada por el Partido Popular. "Estamos en contra de imposiciones lingüísticas", afirmó el líder de la formación, Nacho Cuesta. Los naranjas creen que sería posible acordar el resto de puntos pero ese lo definieron como "una línea infraqueable". De hecho, y de cara a futuras negociaciones, Cuesta aseguró que "no nos hemos emplazado a nada".
La portavoz socialista, Dolores Carcedo, dejó claro posteriormente que "no vamos a renunciar a la oficialidad del asturiano" recordando que se trata de un compromiso electoral del PSOE. Asimismo, Carcedo detalló que se analizaron varios Estatutos de Autonomía y se optó por la forma en la que figura redactado en el gallego por ser el más similar a lo que se busca con el modelo de oficialidad en Asturias.
La fecha en el horizonte que baraja el Ejecutivo para tener listo el nuevo texto es el fin del periodo de sesiones actual, es decir, junio de 2022. El objetivo es que pudiera llegar a las Cortes Generales antes de que finalice la Legislatura, ya que, según los cálculos que hace los defensores de la reforma, las mayorías parlamentarias que existen en el parlamento a día de hoy facilitarían que saliese adelante. El coordinador general de IU, Ovidio Zapico, pidió que no hay «enredos» (enguedeyos, en asturiano, fue el término utilizado por el dirigente) «que generen demoras o pérdidas de tiempo que nos permitan avanzar».
Uno de los puntos que mayor fricción ha generado entre los partidos políticos, marcando una línea divisoria entre izquierda y derecha, ha sido la oficialidad del asturiano. Zapico dijo que durante la reunión mantenida con el presidente regional -a la que también acudió la portavoz parlamentaria Ángela Vallina- , se habló qué tipo de modelo de oficialidad se persigue. «El presidente entiende que lo que sirve para el estatuto de autonomía de Galicia puede de servir de inicio para el desarrollo del modelo de oficialidad en Asturias», explicó el diputado de Izquierda Unida. No obstante, repreguntado por cómo encajaría ese modelo en Asturias, Zapico apuntó que «no vamos a entrar en el modelo exacto de oficialidad porque tiene que la Academia de la Llingua tiene que jugar un papel fundamental, queremos conocer al detalle su propuesta y adaptarla a la negociación».
Sobre una de las exigencias de la formación, la reforma de la ley electoral, el líder de Izquierda Unida, dijo que «es legítimo plantearlo, pero si su supusiese un enguedeyu, se dejaría para otra ocasión y otro marco».
Podemos fue el último en participar en las reuniones de la mañana. Su secretario general, Daniel Ripa, calificó la jornada como "día histórico" y avanzó que su formación avanzará en la propuesta en los próximos día. "No es algo que sea contrario a la salida de la crisis sino lo contrario, es la mejor herramienta para aportar soluciones a los problemas estructurales de Asturias", señaló Ripa, quien cree que se abre una oportunidad para "blindar derechos sociales y reactivar la economía".
Foro Asturias cerró la ronda de contactos. A su término, su secretario general, Adrián Pumares, calificó la propuesta de "poco ambiciosa". Uno de los puntos que ha generación división, el asturiano, aseguró que "sigo sin saber qué es la oficialidad amable a la que se refiere" y reiteró que siempre defenderá "la voluntariedad y nunca la imposición" de la llingua. Sobre el resto de puntos no mostró mayor oposición "aunque la reforma se queda corta", salvo en la figura de decreto-ley sobre la que dijo que "hubo fricción" y "tengo dudas de que sean necesarios". No obstante, avanzó que convocará los órganos del partidos para trasladar la propuesta y debatir sobre ella. Pumares echó en falta "algo que me toca de cerca como es el Pacto Antitransfuguismo" y aseguró que los plazos que da el Gobierno "no los hago míos".
Propuesta del Gobierno
El documento inicial que el Gobierno está aportando a los grupos parlamentarios consta de 11 puntos, los que considera básicos en la propuesta de reforma. Estos incluyen, por ejemplo, la disolución de la Junta General o la regulación del Gobierno en funciones. También se incluye la inclusión de una referencia a la administración local y su posterior regulación por Ley. La fórmula en la que se habla de la capitalidad de Oviedo solo especifica: «el reconocimiento expreso de la ciudad de Oviedo como capital de la comunidad autónoma y sede de la Junta General, la Presidencia del Principado y el Consejo de Gobierno.
Sobre la oficialidad, que es el séptimo punto, se explicita «un tratamiento similar para el eo-naviego en su exclusivo ámbito territorial, con previsión de que una ley de la Junta General regule el uso oficial y la protección del asturiano y del eo-naviego. Se tomaría como base el artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Galicia. .
