Robles remarca que el fiscal general tiene que tomar una «decisión personal» sobre su dimisión

Robles matizó que ciertamente la ley no obliga al máximo responsable del Ministerio Público a renunciar por el hecho de que el alto tribunal crea que hay razones para sentarlo en el banquillo y añadió que ella no es «quién» para decirle lo que tiene que hacer, pero evitó abogar por su continuidad. «Las dimisiones son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento», dijo.

En Moncloa remarcan que las palabras de la ministra son una expresión de «respeto» hacia García Ortiz y que el apoyo sin paliativos a su figura es firme, lo que no quiere decir que vayan a presionarle para que no tire la toalla si él entiende –de momento, no ha dado muestras de ello– que es lo más conveniente.

En el PSOE, en todo caso, sí hay voces, aun marginales, que entienden que apartarse podría ser lo más prudente. Pese a considerar que el fiscal general tiene argumentos para defenderse, el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page defendió este miércoles que «por puro sentido común» tendría que aplicarse «la misma doctrina que él está obligado a aplicar a un subordinado» que se encuentre en un situación procesal similar con el objetivo de salvaguardar la institución.

Aún más drástico, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, retirado de la primera línea política escribió en X que la situación es «incompatible con el espíritu de la Constitución y de la decencia» e «insólita en nuestro entorno europeo». Un planteamiento similar al del PP, que pidió este miércoles reunir la Diputación Permanente en el Congreso para exigir la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un pleno extraordinario.

Otro veterano socialista, el exministro de Exteriores y exalto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, en cambio, admitió en Antena 3 que la continuidad de García Ortiz «no es lo más estético» pero argumentó que hay que tener «mucho cuidado con la presión para que alguien dimita si los argumentos que se utilizan para ello no son fundados». Y en este caso, ni el Gobierno cree que el fiscal general haya hecho «nada punible» ni de momento se ha probado lo contrario.