El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

El independentismo sitúa el origen del conflicto político catalán, así aparece en el acuerdo de Bruselas suscrito entre el PSOE y Junts, en los decretos de Nueva Planta. «Instauraron un régimen uniformizador de carácter absolutista y centralizador», señala la propuesta legal registrada por las fuerzas soberanistas. Si la propuesta de ley es aprobada por la Cámara catalana, se presentará en el Congreso, para que se tramite por el procedimiento de lectura única. De momento, entre las cuatro fuerzas que han impulsado la iniciativa no suman la mayoría absoluta, por lo que necesitarían al menos que el PSC no la bloquee.

En concreto, reclaman la «derogación de los decretos de abolición de los fueros de los Reinos de Valencia y Aragón y de los decretos de Nueva Planta del Reino de Mallorca y el Principado de Cataluña». Son tres leyes, la primera de 1707, una segunda de 1715 y una tercera de 1716.

Las fuerzas soberanistas demandan un «ejercicio de reparación histórica» y de «justicia institucional». Se trata, señalan, de derogar estas leyes con el objetivo de «reconocer» la continuidad institucional de estas «nacionalidades históricas dentro del Estado» y «eliminar rastros normativos y simbólicos de aquella imposición». Los grupos soberanistas lamentan que la Constitución de 1978 deroga la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, «sin hacer ninguna referencia a los decretos de nueva planta ni en su vigencia residual como fundamento simbólico y jurídico de la unidad constitucional basada en la uniformidad». Estas leyes, según la propuesta presentada en el Parlament, comportaron la «pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales».