El 30% de los afectados por un ERTE no recuperará su empleo

Más de un millón de los 3,4 millones de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no recuperarán su puesto de trabajo. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que prevé que un 30% de los empleados inmersos en un ERTE acabará perdiendo su puesto de trabajo.

Por el momento, la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor impide a las compañías ejecutar despidos durante un plazo de seis meses a partir del momento en que se reanude la actividad. Y aunque el Gobierno y los agentes sociales trabajan desde hace más de tres semanas para mantener los ERTE por fuerza mayor más allá de la duración del estado de alarma, el pacto, por el momento, se resiste. De hecho, según la CEOE, el principal escollo está, además de en la prohibición de realizar despidos por causas objetivas, en el hecho de tener que mantener el empleo durante seis meses. En cambio, sí se ha logrado consenso en que siga habiendo ERTE por fuerza mayor hasta finales de junio. E incluso para, llegado el momento, poder renegociarlos, ya que tanto sindicatos como empresarios apuestan por que se prorroguen hasta final de año, al menos en determinados sectores. Además, el Gobierno ha accedido a la petición de los agentes sociales de que también se exoneren del pago de las cotizaciones sociales a los ERTE por causas productivas y económicas.

Una de las discrepancias que mostró la AIReF en el análisis de las previsiones del Gobierno radica en la dinámica del empleo. No ya en la destrucción prevista para 2020 que ambos cifran en un 9,7% en un escenario coherente con la desescalada prevista del confinamiento, sino en el ritmo de recuperación en 2021.

En general, la autoridad fiscal discrepa con el Gobierno en la velocidad del rebote tras un 2020 en el que el PIB se puede contraer un 8,9%, según el escenario actual, o un 11,7% si hay otra oleada de Covid-19 en otoño que lleve a otro mes de confinamiento. En 2021, en estos dos escenarios, la expansión sería de un 4,6% o de un 5,8%, respectivamente, inferior al 6,8% que calcula el Gobierno. Así, si según los números del Ejecutivo a finales de 2021 se habría recuperado la riqueza perdida en la crisis, la AIReF retrasa ese momento a ya entrado 2022.

La AIReF también enmienda al Gobierno en términos fiscales, con una previsión de déficit del 10,9% (y del 13,8% en caso de recaída en la pandemia), frente al 10,3% de Hacienda. Y, si bien en términos de gasto público, la estimación gubernamental (51,5% del PIB) entra en la horquilla planteada por la AIReF, no ocurre lo mismo con los ingresos públicos: si el Ejecutivo espera que alcancen el 41,2% del PIB, la autoridad fiscal reduce la cifra al 39,5% o 39,4%. En total, la autoridad fiscal anticipa cerca de 20.000 millones de euros menos en ingresos fiscales que el Ejecutivo.

La AIReF calcula que las medidas adoptadas por el Gobierno, sin los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, suponen un incremento de entre 3,3 y 4,2 puntos de PIB, entre 37.792 y 46.500 millones de euros, según sus dos escenarios, de los que el grueso, entre 26.745 y 31.095 millones, corresponden a prestaciones a autónomos y ERTE y exoneración de cotizaciones.