El drama de la okupación en Asturias

Es solo uno de los casos de «okupación» que copan titulares en los últimos meses. Una compleja realidad en la que, como explica Argüelles, «hay que diferenciar muchas situaciones». Un cajón de sastre en el que se mete «desde un hecho que constituye un 'modus vivendi', como en el caso de Teresa; hasta a alguien que no tiene una vivienda y por pura necesidad se mete en una casa abandonada, o el de las personas que, lamentablemente, están alquilando y dejan de pagar también por necesidad».

La alarma social aumenta, pero, según los datos de la Fiscalía Superior del Principado, los dos delitos asociados a la llamada okupación (el allanamiento y la usurpación) se han mantenido más o menos estables en los últimos años en Asturias. «Por una parte, tenemos el delito de allanamiento de morada, que se aplicaría en el caso de la vivienda en la que mora un particular. O lo que es lo mismo: la diferencia entre el allanamiento y la usurpación de vivienda radica en que en el allanamiento la propiedad que se okupa está siendo usada por su propietario y en la usurpación no», precisa Argüelles. Y así, en 2019, en la región se contabilizaron 95 delitos de usurpación, mientras que en 2018 fueron 108, 73 en 2017, 89 en 2016 y 117 en 2015. Y, si hablamos de allanamiento, la Fiscalía registró 28 en 2019 frente a los 21 del año anterior. Unos datos que corrobora también la práctica profesional de esta abogada avilesina, que ha constatado que «Asturias, afortunadamente, no es una región donde las cifras de okupación sean significativas comparadas con otras comunidades, por lo que no se puede decir que sea un problema generalizado», pero que sí ha detectado «un incremento de los impagos de alquileres».

Como la mayoría de los especialistas, ella recomienda «ir por la vía civil más que por la vía penal, que es muy garantista y, por lo tanto, mucho más larga. La diferencia es que la vía civil es más cara porque tienes que contratar abogado y procurador, que son honorarios a fondo perdido porque, generalmente, no los recuperas. Aunque en la vía penal a las personas que okupan les quedan antecedentes».

Ahora bien, hay un 'pero': «La vía civil es muy ágil una vez que se admite la demanda a trámite». Pero, pese a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero), que tenía el objetivo de agilizar los trámites de esta vía, el proceso puede alargarse durante varios meses incluso hasta un año, dependiendo de la carga de trabajo de los juzgados. «En el caso de mi clienta, se alargó mucho porque nos pilló el confinamiento y todo quedó paralizado. Teníamos el juicio señalado para marzo y nos metimos en diciembre».

También las penas cambian. Y mientras que en el caso del allanamiento se aplica el artículo 202 del Código Penal, que lleva aparejada una pena de prisión que puede oscilar entre de seis meses a dos años, la usurpación está tipificada en el artículo 245 del Código Penal. Y, en este caso, los okupas se enfrentarían a una pena que va de los tres a los seis meses de cárcel siempre y cuando hayan accedido sin violencia a la vivienda; de lo contrario, la pena se vería agravada y podría verse aumentada hasta uno o dos años de cárcel.

Eso es a lo que podría enfrentarse la avilesina Mariluz Martínez Fernández, protagonista de una de tantas historias marcadas por la precariedad y por la desesperación. Hace ya tres años que esta joven de 24, siempre acompañada por su perra 'Yuna', llegó al piso que ahora okupa, un inmueble sin agua corriente ni electricidad en la calle Andalucía, en el barrio de La Carriona. «Aquí vivían unos chicos rumanos que querían volver a su país, a los que conocí cuando dormía en la calle. Me dijeron que entrase cuando se fuesen... Y aquí estoy».

Martínez recuerda que, en el momento de la okupación, la vivienda se encontraba en pésimas condiciones. «Tuve que pintarla entera, colocar los muebles y hasta cambiar la puerta, que no tenía cerradura», apunta. Porque, pese a las carencias, Mariluz considera su actual refugio un hogar. «Ya me he acostumbrado a esto. Tengo una luz led que va con batería portátil, un hornillo de gas para cocinar y garrafas para coger en la fuente el agua con la que me lavo. No es lo mejor, pero sí es lo mejor que he tenido hasta ahora».

Su situación es la culminación de una vida en absoluto fácil. Nacida en el seno de una familia de extracción humilde, las dificultades económicas la forzaron a dejar de estudiar a los dieciséis años y a abandonar el domicilio familiar un año después. Desde entonces, ha deambulado de un lugar a otro, encadenando trabajos precarios y buscando lugares en los que residir. «He hecho de todo: recoger chatarra, segar praos, trabajar como comercial y como ayudante de cocina... Y, en cuanto a vivir, pasé tiempo en la calle, en parques y carboneras. Y eso que tengo asma, pero no me quedaba otra».

Una vida que pende de un hilo desde el pasado 18 de noviembre, cuando recibió un requerimiento judicial, emitido por el juzgado de primera instancia número uno de Avilés, para el desalojo voluntario del inmueble antes de quince días. La acusación de un delito leve de usurpación que pesa sobre ella parte de la denuncia presentada por la empresa propietaria, una inmobiliaria radicada en Madrid que actúa a través de una entidad de gestión de activos con base en Barcelona.

«No puedo volver a la calle. Cuando estuve, lo pasé muy mal. Hasta trataron de agredirme varias veces», lamenta la joven. Sin embargo, sus opciones son limitadas. La carencia de empadronamiento condiciona su acceso a ayudas sociales, y su entorno más cercano no puede acogerlas a ella y a 'Yuna'. «Nunca me he negado a pagar nada, pero nadie me dijo cómo tenía que hacerlo, ni a quién. Solo pido que no me dejen sin este techo».

De su defensa ante las autoridades se encarga Cristina García Parrondo, abogada de oficio, quien aspira a poder llegar a un acuerdo con la parte denunciante para que, a cambio de una renta mínima, Mariluz pueda permanecer en el inmueble. «Es una persona en situación de riesgo, que ha tenido una vida muy dura y que realmente quiere pagar y mejorar». Tanto es así que afirma que su defendida está dispuesta a «reemplazar por completo la instalación eléctrica, demasiado antigua como para funcionar. Solo necesita tiempo y que le concedan una oportunidad».

El temor de Parrondo es que, en caso de que persista la actual falta de comunicación con la inmobiliaria, y de que, finalmente, se ejecute el desahucio, la joven pueda llegar a oponerse físicamente a las autoridades. En tal caso, podría llegar a pesar sobre ella una acusación de incumplimiento de mandato judicial e, incluso, de resistencia. «Está desesperada y asustada. Es lógico, pero esa no es la solución. Podría terminar en prisión y eso sería peor que cualquiera de las alternativas actuales».

Muy diferente es la historia del ovetense Isidro P., que llegó un lunes a su taller, un local en la parte baja de la calle Gascona que había tenido alquilado durante varias décadas a un mecánico del barrio hasta su jubilación, y dos okupas lo habían hecho suyo. Se quedó, «perplejo» al ver «que dos hombres habían decidido reiniciar la actividad del local como si nada, como si fuesen sus legítimos propietarios». La increíble historia comenzó en 2018 y duró dos años. El dueño del taller consiguió recuperarlo -«destrozado», eso sí- hace unos pocos meses. Y uno de los okupas se enfrenta a dos años de cárcel por un delito de estafa y presunta falsificación de documentos. Y es que hasta llegaron a subarrendar el local a otras personas.

Lo «peor de todo», admite el perjudicado, «es que todas las instituciones te dejan de lado, nadie hace nada para ayudarte», y el caso «se acaba convirtiendo en una obsesión, porque tienes las manos completamente atadas», cuenta.

En su caso, la orden judicial que permitiese a la Policía hacer efectivo el desahucio tardó dos años en llegar. «Es algo horrible», resume Isidro P. «Y en mi caso no es tan grave, porque a mí me okuparon un taller, un local comercial, pero hay familias que están sufriendo esto mismo en sus casas». «Y eso de que el 80% de okupaciones se producen en viviendas propiedad de fondos buitre y bancos es falso. En Asturias ocurre y la mayoría de los pisos y casas son propiedad de particulares». Y lo peor de todo, reitera el damnificado, «es la desprotección que se siente».

También en Gijón hay numerosos casos de viviendas, e incluso edificios enteros, okupados. Los más visibles están en pleno casco urbano de la ciudad. Sin ir más lejos, la pasada semana la Policía Local y Judicial desalojaron un edificio de la calle Langreo. Las cuatro personas que se encontraban en el primer piso, dos hombres y dos mujeres, abandonaron la vivienda voluntariamente. En el segundo se había instalado una mujer y su pareja, J. M. P. G., de 34 años, quien fue detenido por un delito de desobediencia grave al cumplimiento de un mandato judicial tras negarse a salir del domicilio. Tenían además dos perros, uno de ellos potencialmente peligroso, por lo que tuvo que hacerse cargo el lacero al no disponer de licencia para la tenencia de este tipo de animales. También había dos bicicletas municipales que fueron retiradas y se había realizado un enganche de luz ilegal. Minutos más tarde, unos operarios de obra levantaron un muro en el acceso al portal.

Pero es en la céntrica plaza del Presi, en el barrio del Carmen, donde la okupación de un edificio lleva años generando problemas a vecinos y hosteleros de la zona. Allí, en 2018, la Policía Nacional encontró el cadáver momificado de un hombre.

«Es una situación complicada. Intentamos por todos los medios evitar que entren en propiedades privadas, pero, una vez dentro, es imposible sacarlos si no es con una orden judicial», explican desde Comisaría, donde reconocen numerosas actuaciones por conductas violentas de las personas que okupan el edificio.

La plaza del Presi ha sido escenario de amenazas, agresiones, robos e incluso incendios. El pasado mes de junio, tanto los inquilinos del propio inmueble como los vecinos de los edificios colindantes alertaban de madrugada de una densa columna de humo. Tras casi dos horas de intenso trabajo, los bomberos consiguieron sofocar las llamas pasadas las tres de la madrugada. Y, a los dos días, volvió a ser okupado. Un inmueble que ya lleva en esta situación cinco años, nunca llegó a comercializarse y ya parece en ruinas. No hay cristales en las ventanas ni puerta en el portal. Su interior está ruinoso y, tras el último incendio, requiere una reforma urgente. Su propietaria lleva intentando conseguir una orden judicial desde que fuera okupado. «Uno de ellos me llamó y me dijo que antes de que los echáramos iban a destrozar el edificio. De momento ya han robado todas las tuberías y han intentado quemarlo», asegura. «Echarlos es casi imposible. Ahora el edificio está para hacerlo de nuevo», sostiene.

Además, durante el estado de alarma, otro edificio fue okupado en la calle Libertad, pero finalmente consiguieron desalojarlo y tapiar el portal con una chapa de metal. «Entraron una noche y se quedaron durante todo el confinamiento», asegura María Jesús Ambel, vecina de enfrente. Y la misma suerte corrieron los ocupantes de un inmueble en la calle Corrida, donde una bandera pirata en el balcón indicaba cuál era la vivienda okupada. Ellos también fueron desalojados y ahora el portal está cerrado con una cadena de grandes dimensiones.

Carolina Peláez, administradora de otro edificio tomado por varias «familias con menores» en Avilés, da fe de la desesperación de los vecinos: «En el último mes hemos tenido que abrir cuatro partes en el seguro porque atascan las tuberías y han producido daños en todas las viviendas de su letra a excepción del bajo, del primero al cuarto. Hemos tenido que contratar a una empresa de limpieza para que retiren objetos que han ido dejando por la comunidad, tiran muebles por la ventana, han roto cristales de las zonas comunes, pagamos una reparación del armario de contadores para que estuviese cerrado que duró unas horas y, al poco tiempo, lo habían reventado de nuevo para conectarse a la red eléctrica... Para que os hagáis una idea: arrancaron la puerta de entrada y hemos decidido no volver a ponerla hasta que no se vayan. Los bancos se desentienden, los vecinos están atemorizados y las administraciones no hacen nada. Esto es una penitencia y ya no sabemos qué hacer para echarlos».