Celaá asegura que las diferencias entre comunidades en la EBAU atienden a la normativa actual

Celaá ha hecho estas declaraciones en la sesión de control al Gobierno del Congreso, y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Joaquín Robles, sobre el hecho de que, este año, en nueve CCAA los alumnos puedan realizar la prueba de acceso a la universidad con hasta 2 asignaturas suspensas, mientras que en el resto de regiones han de tener todo aprobado.

Para el representante del partido de Santiago Abascal esta situación supone «una vulneración absoluta» del artículo 14 de la Constitución, que recoge la igualdad de los españoles. Además, denuncia que también se incumple con el principio de equidad permitiendo que las pruebas sean diferentes en cada territorio, teniendo en cuenta, ha apuntado, que el distrito universitario es único. A su juicio, ampararse en la excepcionalidad de la situación de pandemia vivida durante el curso no es viable porque, ha indicado, las consecuencias del covid-19 han afectado a todo el país.

La ministra ha llamado a Robles a «asumir las consecuencias de un Estado autonómico» como España y en donde las pruebas de la EBAU tienen una parte que determina el Gobierno y otra que es asumida por las CCAA que «son las que tienen competencia curricular».

Además, ha explicado que la prueba de este año «es única y no exacta» porque está regida, aún, por la normativa «que estableció el Gobierno precedente», ya que la Ley Orgánica que modifica la LOE no entrará en vigor hasta el curso que viene. De manera que, ha indicado Celaá, la EBAU que se está celebrando en la actualidad está regulada por el real decreto de 2016.

Finalmente, la ministra de Educación ha indicado la situación de «gran excepcionalidad» de los alumnos de Bachillerato que realizan este año la EBAU, que han cursado un primero de Bachillerato «que se cerró en marzo» de 2020 y un segundo curso «que ha mantenido la semipresencialidad».

Celaá ha defendido «la adaptación a las circunstancias» y la «no uniformidad» como la decisión que «ha permitido mantener los centros abiertos y la promoción de los alumnos» en la pandemia «con el esfuerzo» de todos los actores. Y, en este sentido, ha recordado que esta situación se reguló en el decreto de medidas urgentes en materia de Educación no universitaria que «fue convalidado» por el propio Congreso y, por tanto, «tiene seguridad jurídica».