Multa a los padres de los menores que vapeen

La ley apunta que tendrán «las mismas restricciones que el tabaco convencional» los vapeadores, las «bolsitas de nicotina», «productos a base de hierbas» o «dispositivos para el consumo de productos calentados». No se podrán utilizar en espacios públicos cerrados y en una «lista ampliada» de entornos exteriores, como sucede ahora con el cigarrillo.

La normativa desarrollada por el equipo de la ministra Mónica García propone prohibir fumar en terrazas de bares, recintos donde se celebre cualquier evento, instalaciones deportivas, parques infantiles, paradas de transporte público y los alrededores de los centros educativos, incluidos los campus universitarios.

También pondrá multas a los infractores, incluyendo a los padres de aquellos menores que vapeen o fumen. Las sanciones leves oscilan entre 100 y 600 euros aunque las más graves podrían llegar a alcanzar los 600.000 euros.

A pesar de imponer restricciones a los vapeadores, que hasta ahora no tenían, la ley omite dos medidas que eran las más exigidas por las asociaciones contrarias al hábito de fumar, como lo son la cajetilla genérica, que elimina marcas y diseños para unificarlas, y el aumento de los impuestos a estos productos. «La enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos medidas que la comunidad sanitaria, científica y ciudadana de control de tabaco considera claves», lamentó ayer la asociación Nofumadores.

También el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) mostró su decepción: «Es insuficiente a la hora de evitar el 30% de las muertes por cáncer provocadas por el tabaco y proteger a los menores de productos adictivos y cancerígenos», sostuvo la AECC. Piden incluir medidas como el empaquetado neutro, limitar los puntos de venta y subir el precio.

Tampoco se podrá vender productos relacionados con «fumar» a los menores de edad, un «colectivo» a los que se les prohibirá el consumo «por primera vez», como «medida que refuerza la protección a la infancia y adolescencia». Además, «se prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven», y se impide toda forma de publicidad, promoción y patrocinio en medios de comunicación y redes sociales.

Junto a estas medidas se obliga a una «señalización clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo» y a un etiquetado con el contenido de nicotina. En caso de incumplimiento, se prevé la «aplicación de un régimen sancionador específico», que podría incluir «multas severas que pueden llegar a 600.000 euros», especificó Mónica García.