María Luisa Carcedo: «Decir que la ley de eutanasia supondrá un ahorro es una obscenidad»

La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, encargada de defender el proyecto de ley de eutanasia esta semana en el Congreso, acaba de comparecer en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para explicar los detalles del proyecto y, de paso, lanzar varias andanadas a la oposición.

La primera, dirigida al diputado popular José Ignacio Echániz, quien se refirió a la vertiente «financiera» de la ley y al ahorro que supondría para el Estado en cuanto a gasto en pensiones, sanidad y dependencia. Unas afirmaciones que, según la socialista, son «una obscenidad» y «un sarcasmo» viniendo «de quien ha acometido los mayores recortes en nuestro sistema sanitario».

«La derecha tendrá que explicar muchas cosas a la ciudadanía. Tendrán que explicar por qué se opusieron a la ley del matrimonio homosexual y luego se casaron. Por qué se opusieron a la ley del divorcio y se divorciaron. Por qué se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo y no sé lo que hicieron», ironizó sobre quien «se opone a todos los avances sociales».

La asturiana aprovechó también para explica que será «una ley extremadamente garantista», cuya tramitación podría alargarse «a lo sumo seis meses», que «reconocerá la objeción de conciencia de los médicos» y que, además de despenalizar el derecho a una muerte digna, nos aproximará al modelo belga.

Un modelo en el que la persona deberá cursar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días, que vendrán avaladas por dos médicos y que terminarán en una Comisión de Control y Evaluación de cada comunidad autónoma o ciudad autónoma.

«Estamos hablando de derechos fundamentales, recogidos por la Constitución», recalcó Carcedo, quien también tuvo palabras para la Iglesia católica: «Una confesión religiosa no puede imponer al resto de la ciudadanía su creencia». Un argumento que, además, zanjó con datos: «Hasta un 60% de los católicos la apoyan, según el CIS, y un 80% del conjunto de la ciudadanía».