«Los que recurren a los vientres de alquiler son iguales a los padres por una violación»

El «negocio» de la gestación subrogada mueve 450 millones de euros anuales, según datos del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y las niñas. La proyección es que la cifra se eleve a unos 1.000 millones de euros dentro de cinco años. Ese aumento ha sucedido también en España con la búsqueda de gestantes.

Según datos de Enclave Feminista, antes de 2010, año en que se redactó la primera instrucción gubernamental sobre este tema, hubo ocho solicitudes de inscripciones consulares de bebés nacidos de esta manera. Todas fueron denegadas. Ahora las inscripciones aprobadas superan las 3.500 en trece años. «Las gestantes pueden cobrar unos mil euros por mes de embarazo y reciben terapias de desapego para prepararlas», indica Ángeles Álvarez, una de las organizadoras de la manifestación, bajo el lema «Las mujeres no se usan»

A pesar de que se trata de un procedimiento «prohibido» por la legislación española y que los contratos son declarados «nulos de pleno derecho» aunque no haya contraprestación económica, explica Alicia Fernández, de la asociación de abogadas Themis, en la práctica «se mercantiliza el cuerpo de la mujer y su capacidad reproductiva, y convierte al niño en objeto de contrato. Las sentencias del Supremo dictan que va contra del orden público pero, al final, se le concede la filiación del bebé a los contratantes».

Las manifestantes se proponen volver a llevar este debate ante los «poderes públicos, que no se lo plantean». «La Fiscalía no ha actuado. Los contratos de vientres de alquiler se firman en España y se pagan en España. El negocio jurídico se hace aquí y no se ha perseguido jamás», indica González.

«Pedimos que la prohibición sea efectiva, pero la gestación subrogada se ampara en la falta de diligencia de las medidas que hagan cumplir la ley. Nosotras pedimos mayor diligencia», manifiesta Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Algo que confirman otros grupos que participarán en la protesta de este sábado. «Exigimos una actuación valiente. Si hablamos de entrada por la frontera de bebés conseguidos de una forma violenta, como dice la 'ley de derechos sexuales y reproductivos', el Estado tiene la responsabilidad de asumir la patria potestad de esos menores. Es el único elemento disuasorio. Cuando el Estado la asuma, nadie pagará 120 mil euros porque sabe que no tendrá la patria potestad de ese bebé», reafirma Álvarez. «Hay que retirar la patria potestad en beneficio del interés superior del menor».

Sin embargo, el Supremo dirimió que, al haber comprobado material genético del hombre, el bebé podía ingresar con el padre y ser inscrito en suelo español. «El Estado debe encontrar fórmulas suficientes para no dejar la patria potestad en manos de alguien que la adquiere cometiendo un delito», reflexiona Soleto. «Seamos conscientes que la filiación la pide alguien que comete una ilegalidad. ¿Estamos dispuestos a que se adjudique como si no hubiera pasado nada?». González va más allá: «Los que recurren a los vientres de alquiler son iguales a los padres por una violación. ¿Se le va a dar la patria potestad a partir de un ilícito? Es un fraude de ley». Sus compañeras asienten.