Un asturiano con 45.000 euros de renta paga 247 euros más de IRPF que un madrileño

El sistema de financiación autonómica actual no es transparente, ni equitativo y tampoco permite cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal. Además, está distorsionado por la proliferación de tributos propios en las diferentes regiones, desarrollados con una técnica legislativa «cuestionable». Esa es, al menos, la conclusión del estudio anual sobre fiscalidad autonómica elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que preside Jesús Sanmartín, a la espera de que el Gobierno lleve a cabo una nueva reforma fiscal y, tras ella, una reforma del sistema de financiación autonómica y local, todo ello antes de que acabe 2014.

Según estos profesionales, las comunidades autónomas han utilizado «con profusión» su capacidad normativa tanto en tributos cedidos como en los propios. En el caso de los primeros, por ejemplo, unas han subido la tarifa del IRPF, las menos la han bajado y, en general, todas han multiplicado deducciones personales y familiares «de poca importancia cuantitativa» lo que provoca grandes diferencias entre lo que pagan unos ciudadanos en comparación con otros dependiendo de la autonomía en la que residan.

Unas diferencias que se observan también en el caso del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El informe realiza una comparativa de lo que pagan los contribuyentes por IRPF en las diferentes comunidades, de lo que resulta que el coste para un contribuyente asturiano con una renta de 45.000 euros se eleva a 10.337,57 euros, 247,1 euros más que lo que pagaría un madrileño en cuya comunidad la factura se queda en 10.090,47 euros. La diferencia entre lo que se paga en Madrid y Asturias asciende a 22.995,23 euros si se tomara en consideración una renta de 600.000 euros. En ese tramo de ingresos, solo los contribuyentes andaluces pagarían más por IRPF que los asturianos.

La situación se repite en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio. Mientras que en Madrid el pago es cero, al estar completamente bonificado, para un patrimonio de 800.000 euros se pagan en Asturias 220 euros, lejos, no obstante, de los 769 euros que se abonan en Cataluña.

Para una herencia también de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, la diferencia entre lo que se paga en Asturias y el coste en Cantabria supera los 161.000 euros. Una realidad esta que se repite en otros tributos cedidos, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sujetos en Asturias, en el caso de la transmisión de inmuebles, a un tipo de entre el 8 y el 10%.

Mucha legislación

Además de en las diferencias impositivas entre las comunidades, los economistas pusieron el acento sobre el hecho de que las comunidades cuentan con mucha legislación propia, pero poco efectiva. En concreto, los tributos propios de las comunidades llegaron a los 70 en 2014, aunque suponen un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, que rondaría el 2%, según el REAF. «En algunos de estos tributos no se recauda ni lo que cuesta gestionarlos», añade el organismo. En el caso del Principado existen un total de siete tributos propios, entre ellos el canon de saneamiento, el impuesto sobre el juego, el recargo sobre el IAE y el impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, cuya recaudación superó en 2011 los 38,7 millones, menos del 3% de sus ingresos.

El estudio concluye que, en general , la normativa propia de las comunidades autónomas es «muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce, siendo de difícil control». A la espera de que el Gobierno plantee la próxima regorma fiscal, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se mostró ayer confiado en que España esté «a las puertas de un replanteamiento general de estos impuestos». Concretamente, Pich apostó por dar mayor capacidad legislativa a las comunidades, en aras de una mayor corresponsabilidad fiscal, pero con una mejor coordinación de las diferentes instancias tributarias con la Agencia Tributaria.