Borrar
El juez imputa a Natalio Grueso por un presunto delito societario en el Niemeyer
AVILÉS

El juez imputa a Natalio Grueso por un presunto delito societario en el Niemeyer

Declarará en marzo junto a una colaboradora y un técnico de viajes El Corte Inglés, también imputados

FERNANDO DEL BUSTO

Lunes, 28 de enero 2013, 14:01

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Natalio Grueso deberá comparecer en los juzgados avilesinos el próximo 13 de marzo como imputado por un presunto delito societario en la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. La decisión ha sido tomada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Avilés, Ricardo Badás Cerezo, a raíz de la denuncia presentada por la presidenta de la Fundación del Centro Internacional Oscar Niemeyer el pasado 28 de diciembre.

En la vista deberán comparecer otras dos personas, también en calidad de imputados. Se trata de Judit Pereiro, colaboradora de la Fundación en algunos actos y esposa de Natalio Grueso, y José María Vigil, técnico en la agencia de viajes El Corte Inglés, empresa con la que el centro contrató la práctica totalidad de los desplazamientos. Es, además, uno de los mayores acreedores de la Fundación.

Como se recordará, el pasado 28 de diciembre, la presidenta de la Fundación del Centro Cultural Internacional y consejera de Cultura, Ana González, informaba al patronato de la entidad de la existencia de indicios de un presunto delito societario tras descubrir en la contabilidad del Niemeyer viajes en los que figuraban los tres imputados sin que ni la actividad registrada ni el destino tuviese relación alguna con los fines del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Además de Natalio Grueso, en ellos aparecían dos personas que, hasta el momento, se habían encontrado en la segunda línea de la actividad del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer: Judit Pereiro y José María Vigil.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Judit Pereiro es la esposa de Natalio Grueso. Cuenta con una amplia experiencia profesional, habiendo trabajado en la promoción de empresas en la oficina comercial de la Embajada española en Buenos Aires. En 1998 se incorporó al equipo de la empresa Satec, donde permaneció hasta 2001. Al año siguiente, fue fichada por la sociedad DEX, consultoría de estrategia y operaciones, en la que participó Natalio Grueso, y donde ella permanece en la actualidad. Su perfecto dominio de idiomas como el inglés, francés e italiano permitió que colaborase en actividades organizadas en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer; por ejemplo en la visita del actor Brad Pitt o con motivo de la estancia de la familia de Woody Allen en Asturias, incluso ya en la época en la que Natalio Grueso trabajaba en la Fundación de los Premios Príncipe de Asturias.

Por su parte, José María Vigil es técnico en la agencia de viajes El Corte Inglés, cuya contratación siempre defendió Natalio Grueso por adaptarse al nivel de personalización que requería el Centro Niemeyer. Otra de las figuras que se contemplan en la imputación del delito societario es la existencia de contrataciones por encima de los límites legales que el patronato había fijado a Natalio Grueso como director general del Centro Niemeyer.

La denuncia registrada por la Fundación del Centro Niemeyer facilitó al juzgado un gran volumen de información, casi mil páginas con la descripción de las irregularidades detectadas durante la auditoría de 2011 y la nueva redacción de la contabilidad de ese año. En el escrito presentado por la Fundación se hablaba de tres presuntos delitos: falsedad documental, otro contra la Hacienda pública referido a las subvenciones y el societario. En su momento, Ana González explicó que los tres supuestos aparecían unidos en los diferentes hechos que se llevaban ante el juez.

La documentación registrada en la administración de Justicia no señalaba con detalle a presuntos autores, pero la precisión de la descripción y los datos apuntaban claramente a las personas que podrían verse implicadas en los presuntos delitos apreciados por los actuales responsables del Centro Niemeyer.

Una vez admitida a trámite, el juez inició el estudio de la documentación facilitada. Tras una primera lectura, no aprecia la existencia de los dos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública en materia de subvenciones. Ello no quiere decir que, durante el proceso que ahora se inicia, se encuentren nuevas pruebas que provoquen un cambio de criterio. De igual modo podría aumentar el número de imputados.

El juez sólo ha encontrado indicios de un delito societario, decidiendo imputar a Natalio Grueso, Judit Pereiro y José María Vigil como presuntos autores. La medida implica un mayor garantía jurídica para las personas citadas durante la investigación judicial que ahora comienza. Si hubiesen sido citados para declarar como testigos, podrían haber acudido solos, mientras que al estar imputados ya saben la existencia de la causa contra ellos y pueden asesorarse y personarse a declarar con un abogado el día que deban declarar ante el juez.

En febrero, ratificación

Una vez comunicada la decisión a las partes, el siguiente trámite será la ratificación de la denuncia. Deberá hacerlo la presidenta de la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y consejera de Cultura,Ana González.

Para ello ha sido citada para el próximo 7 de febrero. En ese trámite, también deberá facilitar información actualizada sobre el domicilio de las tres personas que deben citar. Por ejemplo, en el caso de Natalio Grueso figura una dirección de Oviedo. En caso de que no pudiese, la administración de Justicia utilizará los recursos propios para localizar a las personas y citarlas para que acudan a declarar. Se trata de una formalidad que se resolverá a lo largo del mes de febrero.

Una vez formalizado este trámite, se ha fijado el 13 de marzo para que Natalio Grueso, Judit Pereiro y José María Vigil presten declaración en Avilés. En el caso del anterior gerente, no está previsto que lo pueda hacer en Madrid, en donde trabaja actualmente. La decisión judicial le obliga a desplazarse hasta Avilés.

El Código Penal fija como posible condena para el delito societario entre 1 y 3 años de cárcel, además de una pena de multa que irá de seis a doce meses. Si durante el proceso se confirmase la existencia de un perjuicio económico siempre se impondrán las penas mayores. Esto supone que si una vez concluido el sumario el juez instructor considera que existe un delito, la vista se celebrará en uno de los dos juzgados de lo Penal de Avilés. También cabe la otra posibilidad: que durante la investigación los testimonios de los imputados y las pruebas que se aporten determinen que no existe ningún tipo de responsabilidad penal para ellos o que corresponda a otras personas. En cuyo caso, se declarará su inocencia. No obstante, aún queda un largo proceso por delante que, con total seguridad, podría prolongarse más allá del presente ejercicio de 2013.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios