El Principado acusa al ministerio de intentar «desmantelar por ley» los trenes de Cercanías

Renfe anunció ayer que el Eje Atlántico de alta velocidad, 241 kilómetros de vía entre Ferrol y Portugal que costaron 840 millones sólo en esta legislatura, cerró su primera semana de uso con 50.769 pasajeros. Es una cifra respetable, pero muy inferior a los 180.000 usuarios que cada semana utilizan las Cercanías asturianas. Pese a tener menos público, las políticas del AVE vienen eclipsando a lo que sucede con los servicios de proximidad. Esta falta de atención ha amparado un declive en los trenes de Cercanías asturianos que podría sufrir una nueva «vuelta de tuerca», a juicio de Belén Fernández.

La consejera de Fomento denunció que su ministerio homólogo tramita con este objetivo «a hurtadillas y con premura» una nueva Ley del Sector Ferroviario. De aprobarse tal y como ahora está redactada, «el articulado de la Ley puede conducir al desmantelamiento sin retorno del ferrocarril en general y en Asturias en particular», aseguró Fernández.

El preámbulo de la iniciativa legislativa justifica la necesidad de la norma en la incorporación a España de las directrices comunitarias. «So pretexto de ello, se trata de dar una vuelta de tuerca al impulso liberalizador de la Ley que el PP aprobó en solitario en el 2003», consideró la consejera. A su juicio, el anteproyecto «pivota en la rentabilidad e intereses del mercado, orillando el interés social que puede tener para un territorio» la red ferroviaria actual.

«Todo indica que el Estado apuesta por recortar servicios, accesibilidad y dejar un deterioro progresivo» en los servicios, resumió Fernández, quien advirtió de la espada de Damocles que pesa sobre todos los Cercanías del país. Las frecuencias actuales están protegidas por una decisión, denominada declaración de Obligación de Servicio Público, que expira a finales de este año. «Estamos a ocho meses y no se sabe qué va a pasar», indicó la consejera.

Las alegaciones que el Principado presentará aspiran a «blindar» todas las líneas actuales. También rechazan que el borrador deje «al albur del Gobierno de turno y basado en criterios de mercado y rentabilidad, la decisión de clausurar una línea». Fernández indicó que de ser aprobada la ley propuesta, para desprenderse de un tramo «basta con un informe y una audiencia audiencia a las comunidades autónomas y ayuntamientos, sin que sean determinantes sus opiniones».

La legislación en vigor ya regula la clausura de líneas. La Ley admite que «cuando el resultado económico de la explotación sea altamente deficitario» Fomento podrá solicitar al Consejo de Ministros su cierre. Para dar este paso, Fomento debe primero solicitar la exclusión del tramo de la Red de Interés General «previo informe de las comunidades autónomas afectadas». Esta condición se mantiene en el anteproyecto legislativo.

El Principado aprovecha las alegaciones para exigir que los Cercanías tengan las mismas tarifas, con independencia de que el tren sea de ancho ibérico o métrico (los que antes se identificaban con Feve). En esta segunda red los ferrocarriles se detienen en apeaderos donde el año pasado la empresa promedió menos de un usuario embarcado al día. Al respecto la consejera admitió que «no nos cerramos una racionalización de los servicios» pero reclamó «audacia en la gestión» para que los andenes de tráfico pobre multipliquen su aprovechamiento. El presidente del comité de empresa de Renfe, Luis Blanco, respaldó ayer los argumentos de la consejera y reclamó una gerencia propia para el núcleo de Cercanías de Asturias, porque «ahora las decisiones se toman en Cantabria».