Cogersa ampliará el vertedero para usarlo hasta 2020 tras el fracaso de la incineradora

El Consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias (Cogersa) aprobó ayer licitar la tercera ampliación de su vertedero central, abierto en 1983 en La Zoreda, valle que bolsa a bolsa ha colmando la cavidad inicial y hoy asemeja una meseta. La actuación exige 12 meses para alargar la vida del basurero hasta 2020. Una vez cumplida su función, la Ley exige sellar y cubrirlo de vegetación.

La obra tiene una urgencia «inaplazable, pues a finales de 2016 va a estar agotada la capacidad del vertedero tal cual está hoy día», dijo la presidenta de Cogersa y consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández. Caso de retrasarse, la entidad corre riesgo de tener que dirigir sus camiones hacia los basureros de otras regiones próximas, con el consiguiente coste económico y ambiental del transporte.

La licitación saldrá en procedimiento restringido, por 2,48 millones (IVA incluido) y con ejecución en dos fases. El objetivo es apilar la basura en altura, sobre el vaso actual, hasta una cota máxima de 230 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad el centro del depósito alcanza una altura de 180 metros. El espacio ganado de esta forma recibirá 2,8 millones de metros cúbicos la desperdicios.

La comisión delegada del Consorcio autorizó la operación por unanimidad, aunque los vocales de Xixón Sí Puede e IU exigieron que en el acta constara que la obra es inevitable por los errores incurridos. El proyecto está lejos de ser inocuo. «Hay que reconocer que se va a enclavar en un valle que exige un esfuerzo de solidaridad por parte de los pueblos del entorno» -dijo Fernández -, «es un esfuerzo el de los vecinos que reconocemos, valoramos y agradecemos». La consejera animó al resto de instituciones y ciudadanos a tomar nota de este sacrificio y hacer «una gestión cada día más responsable de los residuos generados».

El Plan de Residuos autonómico, redactado en 2012 y que una sentencia obligó a rehacer, detalla que la ampliación «incide negativamente sobre la calidad de vida de las poblaciones del entorno: olores, animales oportunistas, etcétera». Agrega que los desperdicios que morirán en el depósito tienen «una fracción biodegradable importante, lo que conlleva el incumplimiento del objetivo establecido en el Real Decreto 1481/2001». El impacto ambiental «aumentará y su control resultará más caro y problemático». Entre las complicaciones, cita la captación de los líquidos que segrega la basura en descomposición (los lixiviados), lo que incrementa «el peligro de contaminación de aguas superficiales».

El Plan valora que es una alternativa de coste moderado, «tiene menor rechazo social que buscar un emplazamiento para otro vertedero» y, al fin y al cabo, es ya la «única solución cuyos plazos de tramitación administrativa y ejecución se ajustan al tiempo disponible».

Un perjuicio avisado

«Tenemos que hacerlo por todo este proceso de si se iba a hacer o no la incineradora; como no está, tenemos que ampliar el vertedero, a la espera de que en 2020 tengamos alternativas», confió ayer el gerente de Cogersa, Santiago Fernández, en declaraciones a TPA.

Hace más de una década que sus técnicos advertían de la vida limitada del vertedero y la necesidad de buscarle alternativas. En junio de 2003 el consorcio aprobó, con el voto a favor de los 78 municipios, un plan de futuro que incluía levantar una incineradora antes de cuatro años.

La incineradora ha monopolizado el debate sobre los residuos, sin que ello sirviera para que finalmente cobrara forma. Dos veces ha intentado Cogersa iniciar el diseño del horno, y las dos se ha encontrado con sentencias que le obligaban a parar. La ampliación del vertedero, que durante años era considerada una alternativa imposible o la peor de todas, se ha transformado así en inevitable.