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José Luis Iglesias Riopedre.
Visto para sentencia el 'caso Renedo'

Visto para sentencia el 'caso Renedo'

Riopedre admite haber cometido «una grave imprudencia» sin llegar a delinquir

RAMÓN MUÑIZ

Sábado, 30 de julio 2016, 01:56

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La sentencia del 'caso Renedo' se conocerá en diciembre o enero tras un juicio que acabó ayer en sorpresa. Después de cuatro meses de sesiones, José Luis Iglesias Riopedre, el cargo político de mayor relevancia en esta supuesta trama de corrupción, protagonizó un acto de contrición. Su representante, Sergio Herrero, reconoció que la policía acertó al sospechar de él cuando intervinieron sus charlas telefónicas. «En esas conversaciones se notaba una preocupación exagerada por la empresa del hijo, y hay conversaciones que nunca se debieron dar; nunca debió hablar con un contratista sobre las obras de la consejería, no debió hacerle comentarios coloquiales sobre si se iba adjudicar esto o lo otro». El abogado asumió que, «con independencia de que fuera amigo» de Víctor Manuel Muñiz, el empresario de Igrafo, «no debió hacerlo».

Herrero tiró de retórica: «¿Actuó debidamente al tener conversaciones impropias con su amigo? Es obvio que no. ¿Fue un agravio al resto de empresas? Nadie lo niega». El gesto se quedó ahí. «Riopedre no se lucró, y el haber cometido una grave imprudencia no le convierte en autor de los delitos que se le atribuyen», defendió.

El decano de los abogados de Gijón recordó la situación económica de su cliente: «Al comienzo del juicio tenía dos cuentas, con su mujer, con 2.981 euros, y debe 7.835 euros de un crédito. Con 77 años, tras una vida de servicio público y diez en cargos directivos, la frase que mejor le define la dijo el inspector que lo investigó. José Luis no cobró un euro ilícito».

La rúbrica de Iglesias Riopedre está en expedientes que se han demostrado irregulares, un hecho que no discutió su abogado. «Aquí se ha dicho que se tramitaron con apariencia de legalidad, que los técnicos ya lo habían avalado, por lo que la firma del consejero era un acto debido, formal», dijo. «Él no tenía la obligación de comprobar luego si se hacían o no los trabajos», adujo.

La investigación del 'caso Renedo' comenzó el 3 de febrero de 2010 y desde entonces ha ido construyendo un relato de acusaciones, con los indicios amontonados por los policías, fiscales y jueces de instrucción. A la hora del juicio ninguno de los trece acusados se reconoce en esa versión. Todos se declaran inocentes y contrataron a la flor y nata de los abogados penalistas de la región para este ejercicio de esgrima contra la narración oficial. Como la de Riopedre, las únicas confesiones que se han oído en la sala son menores. Marta Renedo concedió, a lo sumo, un cohecho impropio penado con seis meses de prisión. María Jesús Otero, la 'número dos' de Riopedre, hizo ayer otro tanto.

«Otero siempre cumplió órdenes», manifestó su letrada, Ana Muñiz, quien ironizó con las capacidades que las acusaciones atribuyen a su clienta: «Me siento muy importante desde que sé que soy la abogada de Dios». «No puede ser que una persona sola sustituyera las funciones de todos, y se saltara el procedimiento mientras los demás callaban. Oiga, si Otero lo hacía todo, ¿a los demás por qué les pagaban?», inquirió. Existe, apreció, «un interés muy grande en hacer creer que Otero y Renedo eran el garbanzo negro que no está en el partido y al que echar la culpa porque así salvamos los errores de la Administración».

La teoría del caos

«Lo ha dicho la policía, los testigos, se sabe en la calle y en la vía pública. La forma de actuar del Principado es un caos en el que unos se pasan la pelota a otros y al final la culpa es de Otero», lamentó. Muñiz recordó la biblioteca de El Fontán, completamente reformada y sin que aparezca el correspondiente expediente. «¿Alguien se cree que salió de la nada?». La letrada admitió que «hay una irregularidad, que consiste en pasar el dinero de un expediente a otro, pero eso no es delito y se sigue haciendo».

La misma «mezcla» y defectos los señaló en la propia investigación. «Se está diciendo que no se sirvió todo el material en un colegio, cuando el director dice que es una parte la que no le llegó», ejemplificó. Los informes de la policía y la Agencia Tributaria «están llenos de suposiciones y sospechas» hasta atribuir a su clienta el disfrute de viajes financiados por Igrafo y APSA «cuando en verdad los pagó todos, no recibió ningún regalo». Si los hubo, matizó, «el dinero era de los empresarios y esto sería cohecho, prevaricación, pero no malversación».

Entre Riopedre y Otero está la verdad de lo sucedido con Geogal, la empresa del hijo del consejero. Ernesto Iglesias acabó subcontratado en trabajos adjudicados por Educación a la ingeniería Nora, operaciones que el Principado y la fiscal creen orquestadas para beneficiar al hijo. «Geogal facturó 1,6 millones de 2005 a 2010, tuvo más de 500 clientes, y Nora solo fue uno que le reportó 198.000 euros por trabajos realizados», detalló José Joaquín García, letrado de Ernesto Iglesias. «Las obras que Igrafo le hizo en su nave las pagó, con cheques por trabajos hechos y un préstamo personal de su padre», abundó.

El principal nexo entre Geogal y Nora es una obra en Infiesto «donde llegamos a contratar a otra empresa de sondeos a la que pagamos más», señaló Alberto García Montes, defensor del socio de Nora Antonio Azorín.

Duro con el Principado estuvo Juan Muñiz, representante del empresario Maximino Fernández, quien indicó que la Administración le reclama 246.000 euros «cuando ante el Tribunal de Cuentas presentó en marzo de 2015 un informe reconociendo que no cobramos ese dinero». Los fondos están en el erario «y por lo visto aquí, temo por él», declamó.

Hablaron también las defensas de Isaac Ovies, Paz Pendás, José Villa, Francisco Javier Juárez, Braulio Iglesias y José Manuel Blanco, para protestar por verse en el banquillo por la acusación que solo les mantuvo el letrado de Podemos. Lo sintetizó así el abogado Ernesto Tuñón: «Ha sido una operación mediática para que pareciera todo una corrupción generalizada, porque, como decía Freddie Mercury, el espectáculo debía continuar».

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