El Comercio

Jueces y fiscales defienden su rigor e imparcialidad

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La fiscal superior, Esther Fernández, y el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, presidieron el acto de apertura del año judicial. / MARIO ROJAS

  • El presidente del TSJA reconoce que «duele escuchar que la Justicia no es independiente» y la fiscal superior critica a quienes les utilizan «en la contienda política»

El año judicial fue inaugurado ayer, en el Palacio de Valdecarzana, con una decidida defensa de la independencia e imparcialidad de su trabajo tanto por jueces como por fiscales. Ante el presidente del Principado, Javier Fernández; el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y numerosas autoridades civiles y militares, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, y la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, no dudaron en defender la labor que llevan a cabo estos profesionales en la región.

«Más medios»

Ignacio Vidau, que pidió del Gobierno regional «un mayor empeño a la hora de proporcionar a la Administración de Justicia los medios personales y materiales necesarios», solicitó que apueste «decididamente por la innovación, la modernización y las mejoras continuas». El presidente del TSJA dijo que los 154 jueces y magistrados que trabajan en Asturias son «socialmente imparciales y políticamente neutrales sin otro compromiso que el del sometimiento a la Ley y ajenos a toda pretensión de modelar a la sociedad conforme a su propio gusto, sino que son un cauce para la resolución de sus conflictos en el marco del ordenamiento jurídico. Nuestros jueces son, en definitiva, independientes».

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Y es que Vidau aseguró que «nos duele escuchar que esa Justicia en la que creemos y por la que trabajamos no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que nos dirigen, porque sabemos a ciencia cierta que no es cierto».

Más dura fue la fiscal superior, Esther Fernández, quien comenzó reivindicando una reforma que habilite un sistema que permita avanzar en la conformidad en los asuntos, sin necesidad de llegar al día del juicio. Pero sobre la situación de la Fiscalía, en general, exigió un Ministerio Público «fuerte, profesional, transparente y autónomo, que inspire confianza a la ciudadanía». Pidió una regulación en profundidad de la Fiscalía «para eliminar todo vestigio de una posible dependencia del Ejecutivo».

«Sometidos a la Ley»

Pero si en algo fue especialmente dura fue cuando apuntó que «el fortalecimiento del Ministerio Fiscal no puede ser si desde las propias instituciones se critica y cuestiona su imparcialidad en aquellas decisiones que no son conformes con los particulares criterios de los denunciantes, cuando se pretende utilizar al fiscal, introduciéndole, injustificadamente, en la contienda política». Por ello, puntualizó que los fiscales «actuamos siempre en cumplimiento de nuestras funciones con total imparcialidad y sometidos únicamente a la Ley».